En una medida de coalición de la presente asamblea legislativa, el Senado de Puerto Rico aprobó de manera unánime esta tarde una resolución concurrente para establecer las condiciones que debe tener el plan de ajuste del gobierno central si quiere recibir el apoyo de esa rama de gobierno.

Se trata de una resolución concurrente impulsada por el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza para establecer de manera “clara e inequívoca” que ese cuerpo no dará paso a ninguna legislación para implementar un plan de ajuste si dicha propuesta resulta en recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico (UPR), modifica los beneficios de los pensionados del sector público, incluye pagos para bonos que se consideran inválidos y sin que se produzca un análisis de sostenibilidad acerca de la capacidad de pago que tiene el gobierno.

En entrevista con El Nuevo Día, Zaragoza explicó que la resolución concurrente es solo una parte de la intención legislativa.

“La resolución hace una expresión contundente y eso tendrá un peso porque nos inserta a nosotros (la Legislatura) en la discusión, pero también vamos a establecer un mecanismo vinculante”, dijo Zaragoza.

En realidad, el presidente de la comisión senatorial de Hacienda ha radicado el Proyecto del Senado 181 con el objetivo de enmendar la ley orgánica de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). El objetivo de Zaragoza es requerir a la agencia responsable de implementar el plan de ajuste que confirme el tribunal adoptar los principios esbozados en el proyecto como “la nueva política pública del gobierno en materia de reestructuración”.

La legislación en torno al plan de ajuste surge justo cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha llegado a “un acuerdo en principio” con ciertos bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) para modificar tales acreencias. El acuerdo se zanjó a última hora y por ello, este miércoles, la JSF pidió a la jueza Laura Taylor Swain que le conceda otros 30 días para completar las negociaciones y radicar un nuevo plan de ajuste.

El plazo para presentar el plan de ajuste culminó el 10 de febrero. La JSF pide postergar el plan hasta el próximo 8 de marzo.

“No queremos un análisis de sostenibilidad de deuda de dos páginas en Power Point”, dijo Zaragoza al criticar la falta de un documento explicativo amplio por parte de la JSF que fundamente los supuestos financieros para llegar a un entendido con los bonistas.

Proyecto de coalición

La medida de Zaragoza, en realidad, es una medida multipartita, pues sobre una decena de legisladores ya se han unido en carácter de coautores de la pieza, indicó por su parte, el director ejecutivo de la comisión de Hacienda en la cámara alta, Nick Pastrana Villafañe.

Entre los coautores del proyecto figuran el senador independiente José A. Vargas Vidot, legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana.

De acuerdo con Pastrana Villafañe, la medida incluso es cónsona con la postura del gobernador Pedro Pierluisi, quien aseveró antes que no pagará deuda inválida, que interesa auditar el endeudamiento que llevó al gobierno a la bancarrota. Pierluisi también se opone a recortes en las pensiones o al presupuesto de la UPR.

“Lo que estamos haciendo es convirtiendo en ley lo que también ha dicho el gobernador”, sostuvo Pastrana Villafañe.

Pero a su vez, la medida surge cuando la JSF está embarcada en un proceso de negociación con bonistas y ha aceptado echar a un lado, las demandas para invalidar la deuda pública de la isla.

“Tenemos la sartén por el mango”

El Nuevo Día preguntó al exsecretario de Hacienda, cómo la Legislatura podría frenar la aprobación de un ajuste cuando, en la práctica, auditar la deuda es un proceso que toma tiempo mientras la jueza Laura Taylor Swain -que preside los casos de Título III- ya ha acogido un calendario de trabajo para finiquitar el asunto.

“Nosotros (la Legislatura) tenemos el sartén por el mango. En cualquier plan de ajuste tiene que haber la aprobación del proyecto de ley. Si me someten un intercambio de notas por deuda inválida, eso por aquí no va a pasar”, subrayó Zaragoza.

“Por eso, lo estamos haciendo ahora, en febrero, antes de que se discuta y no esperando a junio cuando (en el tribunal) acaben de jugar ‘ping-pong’ con esto”, agregó el legislador.

El Nuevo Día también cuestionó a Zaragoza cómo establecer condiciones en asuntos como el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y las pensiones del sector público cuando el organismo fiscal ya ha prevalecido judicialmente en otros cuestionamientos por parte del gobierno.

“Lo que hace la Junta no está escrito en piedra”, dijo el legislador.

Ese sentido, Zaragoza sostuvo que si el organismo fiscal tiene claras las condiciones del Senado en materia de reestructuración, ello servirá para considerar otras alternativas, como conceder otros alivios a los pensionados que puedan verse afectados por el plan de ajuste.

El proyecto de ley tiene cuatro puntos que, de aprobarse, serán obligación de la Aafaf. Estos son:

  • Pensiones – procurar que no se recorten las pensiones de los empleados públicos retirados sin permitir “mecanismos alternos” que propicien “el pago total” de sus pensiones.
  • Universidad de Puerto Rico – procurar que no se establezcan o impongan recortes adicionales al centro docente
  • Análisis de Sostenibilidad – propiciar, fomentar y “requerir” un análisis de sostenibilidad de la deuda “serio, independiente, público y revisable por pares”.
  • Deuda ilegal – procurar que el gobierno “no emita pagos de deuda ilegal”, entiéndase que haya sido emitida en contra del artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.