No son pocos los miembros de nuestra Asamblea Legislativa y de otras ramas del Gobierno, incluyendo ya algunos secretarios nominados, que fruncen el ceño ante la intención de la Comisión de Hacienda del Senado de fiscalizar periódicamente a las agencias públicas.

Muchos de esos también esperan confiados que tales intenciones malsanas terminen en el cementerio de las buenas intenciones gubernamentales. Cementerio hacinado como nuestras cárceles, repleto de almas-iniciativas en pena, que en vida padecieron y sufrieron del virus de la incompetencia gerencial combinado con el mal manejo provocado por la politiquería boricua.

En un país que da señales, aunque todavía intermitentes, de haber despertado, sorprende la reacción de algunos ante el antojo de nuestra comisión en el Senado de querer romper esquemas y nadar contra corriente haciendo nada más y nada menos que lo que siempre se debió haber hecho. Lo que siempre se debió haber hecho no es otra cosa que usar los poderes investigativos inherentes al poder legislativo para ejercer un rol más activo de fiscalización sobre las funciones del poder ejecutivo. De esa forma, abonaremos al tan cacareado “balance de poderes” entre las tres ramas de gobierno, balance que desde nuestro primer gobernador electo ha sido más intermitente que presente.

No se trata de un plan para robar protagonismo ni usurpar poderes y menos aún para provocar fricciones innecesarias que entorpezcan la gestión gubernamental. Lo propuesto es meramente un ejercicio de rendición de cuentas ante al País.

Rendición que reconocemos que podría aguijonear la paz diaria de algunos jefes de agencia que aceptaron la encomienda de ser secretarios, reconociendo como su único jefe no al pueblo de Puerto Rico, sino a su gobernador.

Rendición que molesta, incomoda y provoca, especialmente a aquellos sin un trasfondo gerencial o los que han ido por la vida laboral sin tener que rendirle cuentas a algún supervisor o tener que cumplir con alguna meta o cuota institucional.

Rendición imprescindible ahora más que nunca, debido al deterioro progresivo y generalizado de nuestras instituciones. Instituciones que han estado en manos, en más de una ocasión, de dirigentes en administraciones de todos los colores enfocados en “administrar la inercia”, más que en tratar de alinearlas con su misión y razón de ser e intentar que estas aporten algo positivo a nuestro diario vivir.

Nuestro país necesita mucho más que una avalancha de fondos federales para enderezar su camino. Entre esas cosas que necesita está terminar con el virus de la incompetencia, virus que nos ha afectado ya a tal grado que ha provocado que bajemos nuestros estándares de calidad para aceptar como bueno la mediocridad gubernamental de cada día.

Es hora de exigir más calidad y menos del supuesto “compromiso y dedicación” que tantos nos ofrecen. Ese cambio tiene que comenzar desde arriba en todas nuestras instituciones gubernamentales. Cambio que es necesario reconocer que no llegará como combustión espontánea, resultado de nuestros reclamos y súplicas.

Por esto es necesario la gestión fiscalizadora de la Asamblea Legislativa, y quién mejor que la comisión que vela por el presupuesto para emprender esa iniciativa. Hacia eso nos dirigimos por la sencilla razón de que nuestro país y nuestra gente no se merecen menos.