Juan Zaragoza Gómez, Candidato al Senado por el PPD

19/09/2020

Nuestra epidemia de corrupción gubernamental es de tal tipo que no existe mascarilla ni distanciamiento social que la detenga con facilidad. Como si esto fuera poco, nuestra corrupción de cada día ha demostrado ser de una cepa especial que ha probado ser inmune a la quiebra, a la Junta y al impago. Así de fuerte y resiliente es este animal que se alimenta de la escasez tanto como de la abundancia.

Arranco mi discusión con una premisa a mi entender, irrefutable: “La corrupción gubernamental solamente tiene un objetivo, el enriquecimiento económico”. Este es el denominador común de todos los esquemas, desde el empleado fantasma, hasta el contrato inflado, el puestazo y el “kickback” que recientemente ha estado en la prensa, entre otros.

Aderezo la premisa anterior con otra de igual o mayor validez: “De los contratos de empleo o servicios usados para estos esquemas, nunca se desprende ilegalidad alguna”. De ahí, la reacción automática y defensiva de gobernantes en el pasado, que ante el cuestionamiento de algún contrato, se llenan la boca dando instrucciones que este sea auditado por la Oficina del Contralor. Ni corto ni perezoso, el contralor eventualmente se expresa que el contrato en cuestión “cumplía con todos los requisitos de ley aplicables”.

Es que nuestros corruptos si de algo no pecan, si en algo son expertos, es en cumplir con todas las formalidades de la ley. De contratos cuidadosamente redactados y de facturas que en su faz validan trabajos que nunca se hicieron, están llenos nuestros libros de historia de la corrupción. Por esto también, cada vez que algún político promete como fórmula para atacar la corrupción, auditar o revisar los contratos sobre cierta cantidad, sabemos que con ese control no se llegará muy lejos ya que el truco no está en el contrato sino en cómo se ejecuta.

Si pausamos por un momento, lo que facilita, engrasa y hace viable todos estos tipos de arreglos, es que siempre se paga a sobreprecio; es decir, más de lo que vale la persona, el servicio o el bien en el mercado. Eso precisamente es lo que permite que siempre haya dinero para dos o más practicantes en la cadena de eventos.

Precisamente ese es el punto débil de estos montajes y por ahí es que debemos establecer controles para reducir el sobrepago por bienes y servicios. Es decir, establecer una regla que podría sonar revolucionaria, atrevida y osada: “Pagar por el bien o el servicio lo que vale en el mercado”.

Una alternativa sería establecer que toda persona que sea empleada en la Asamblea Legislativa —incluyendo cónyuges de otros miembros, de alcaldes u otros políticos; otros familiares, colaboradores políticos, etc.— no podrá ganar más de un 20% en exceso de los ingresos que refleja en sus planillas de contribución sobre ingresos en los pasados 3 años, fuera del gobierno. No tengo duda que este tipo de limitación a empleados y contratistas de la Asamblea Legislativa reducirá dramáticamente la larga fila de patriotas puertorriqueños disponibles para “asesorar” a nuestros legisladores.

Una regla similar podría establecerse para la avalancha de empleados de confianza que arropan las agencias con el cambio de gobierno y que en muchos casos son una recompensa más que otra cosa. Limitando los ingresos en referencia a lo que reportaron en sus planillas cuando estaban fuera del gobierno, les quitará abruptamente el “deseo de servirle al País” a muchos. A la vez, permitirá pagarle lo correcto a los que realmente tienen un valor en la calle.

A los que ya en este punto de la lectura estén pensando que este tipo de legislación sería abusiva y violaría derechos fundamentales, les comento que el gobierno federal, en ciertos tipos de contrataciones establece mecanismos para prevenir precisamente el sobreprecio. Por ejemplo, en la contratación de servicios de ingeniería y arquitectura por el Departamento de Transportación Federal (Ver 48 CFR Part 31) este le requiere a los que proponen, que divulguen sus costos con el propósito de limitar los márgenes de ganancias en las propuestas de servicios.

En resumen, se trata de tener la voluntad de atacar todos estos esquemas de frente y dejar a un lado propuestas como la revisión y auditoria de contratos, o el establecimiento de escalas de compensación, cuando en realidad sabemos que a todas esas reglas se le busca la vuelta para promover el guiso y el abuso.