Un proyecto del senador popular Juan Zaragoza propone darle visibilidad al gasto tributario en Puerto Rico mediante la creación de un registro para estimar el impacto económico de los decretos que se conceden y que sirva de guía para determinar cuáles y cuándo deben ser eliminados porque ya no representan beneficio para la Isla.

El registro será la base para la elaboración de un informe anual que realizará el Departamento de Hacienda y que presentará a la Legislatura a fin de año —o a más tardar en mayo del siguiente año, bajo condiciones específicas— para ser evaluado junto al presupuesto general que se apruebe para cada ciclo fiscal.

A nivel mundial, la mayor parte de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elabora un informe de gasto tributario, y en Estados Unidos lo hacen 44 de sus 50 estados.

El Proyecto del Senado 206, para establecer la Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico, estipula la creación tanto del Informe Anual del Gasto Tributario como del Registro Público Oficial de Gastos Tributarios y fue sometido el viernes. Según se expone en la pieza legislativa, es necesario “identificar y evaluar todo tipo de privilegio, incentivo contributivo o gasto tributario en el proceso de elaboración del presupuesto general”.

Consigna que el gasto tributario es “el ingreso que el gobierno deja de recibir como consecuencia de la concesión de créditos contributivos, tasas contributivas preferenciales, exenciones, deducciones, entre otros impuestos condonados mediante legislación”.

En el pasado han surgido debates por la falta de certeza en el número real que corresponde al gasto tributario en Puerto Rico. En 2016, Hacienda comisionó un informe y luego trascendió que para el año contributivo 2017 el gasto tributario rondaba los $20,000 millones, lo cual prácticamente doblaba el ingreso neto al Fondo General.

Urge la evaluación

Según Zaragoza —quien fue secretario de Hacienda y ahora preside la Comisión de Hacienda del Senado—, no todos los gastos tributarios son iguales, y por ello se hace necesario evaluarlos y que se actúe sobre cada uno periódicamente. “Hay algunos gastos tributarios que de eliminarse desincentivarían cierta actividad económica y por tanto crearían repercusiones fiscales adversas de tal magnitud que incluso pudieran superar el monto de la concesión contributiva derogada. Por ejemplo, existen exenciones y tasas contributivas preferenciales que recompensan la creación de actividades económicas y/o la relocalización de capital productivo que de no ser por determinada concesión tributaria no se darían en Puerto Rico”, explicó en el proyecto.

Por el contrario, el legislador estableció que hay actividades que reciben decretos contributivos, pero su beneficio a la economía y al fisco no es suficiente para justificarlos ni que se sostengan.

“La medición periódica de las exenciones, deducciones y tratos preferenciales no parte de una oposición al uso de estas herramientas. En cambio, surge del interés de evitar que estos tratos contributivos se fosilicen, no se cuantifique su costo en el contexto de los beneficios obtenidos —económicos y sociales— y no se revise la vigencia de la política pública que dio origen a su aprobación”, establece el proyecto de ley a modo de aclaración.

La propuesta legislativa señala que tanto el registro como el informe que se elabore cada año no deben contener información que “vulnere aspectos de confidencialidad” de los decretos contributivos. Ante esta salvaguarda y el predicado de transparencia del proyecto, EL VOCERO cuestionó si lo considera contradictorio, a lo que Zaragoza contestó que no.

“No se obstaculiza la transparencia. Hacienda podrá divulgar información siempre y cuando se cumpla con las leyes y jurisprudencia existentes. Sin embargo, la naturaleza del informe anual es cuantificar el gasto, no publicar un listado de beneficiarios. Eso es algo que se deja a discreción del secretario (de Hacienda)”, expresó.

También se le planteó si la aprobación de la ley propuesta conllevará que Hacienda requiera de más personal especializado, a lo cual contestó que “aunque ya hay personal trabajando esta información, sin duda hará falta que se asigne más personal. Hacienda tendrá que reclutar y nos aseguraremos de que en el presupuesto que aprobemos Hacienda cuente con los fondos”.

De aprobarse, Hacienda deberá hacer accesible el registro de gastos tributarios a través de la página electrónica de la agencia. Mientras, el informe anual deberá enumerar cada gasto tributario, identificar la autoridad estatutaria para cada gasto tributario y el año en que fue promulgado, describir el propósito de cada decreto, identificar la cantidad de pérdida de ingreso durante el año por cada gasto tributario —o un estimado si la cantidad real no puede ser determinada— y estimar la pérdida para el año siguiente, entre otros.

Reacciona Hacienda

El secretario de Hacienda, Francisco Parés, señaló que ya la agencia tiene en vigor gestiones relacionadas.

“El Departamento de Hacienda mantiene, actualmente, un registro de gastos tributarios y a finales del año 2019 publicó el Informe de Gastos Tributarios al Fondo General para el Año Contributivo 2017. Es la primera vez que el gobierno de Puerto Rico emite un informe de esta naturaleza, el cual refleja numéricamente el resultado de décadas de implementación de política contributiva”, informó Parés a este medio.

Adelantó que presentarán el segundo informe, correspondiente al año 2018, a finales de este semestre.

“El Departamento de Hacienda colaborará en cualquier proceso legislativo relacionado, asesorando a la Asamblea (Legislativa)”, añadió el funcionario.