El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, realizará una investigación sobre el impacto del cobro del impuesto al inventario en la cadena de distribución, en los comercios y en los municipios, con la intención de determinar si es necesario eliminarlo o sustituirlo sin que se afecten los recaudos municipales.

En la Cámara de Representantes de la pasada administración se consideró legislación para eliminar el impuesto, pero ninguna medida superó el trámite. De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi se comprometió a eliminarlo, pero de manera paulatina.

Ahora Zaragoza anunció la radicación de la Resolución del Senado 65, que deberá aprobarse próximamente en ese cuerpo legislativo previo al inicio de las correspondientes vistas públicas. Anualmente, los municipios se distribuyen $220 millones producto del recaudo de este impuesto sobre el inventario, que es de un 9%.

El senador reiteró que hay industrias que se están moviendo a no tener inventario almacenado para no tener que pagar ese arbitrio, lo cual coloca los recaudos “en picada”. Expuso que su inclinación es a sustituirlo “total o parcialmente”, aunque aseguró que habría que esperar por el resultado de la investigación senatorial.

“Hoy en día sabemos que este impuesto es un impuesto que en términos generales tiene fecha de defunción porque si la mitad de ese impuesto recae sobre el inventario —y estoy seguro de que muchos de ustedes han ido a comprar desde una pieza de un carro, un perfume, unos zapatos y hasta una pieza de la nevera—, pero ese inventario no está en Puerto Rico”, expresó Zaragoza en mesa redonda con los periodistas destacados en el Capitolio.

“Cuando empiecen a cerrar los centros comerciales y se conviertan en centros de entretenimiento, y los negocios para manejar su efectivo —considerando el comercio electrónico— empiecen a no tener inventario en Puerto Rico, pues ese impuesto se va a quedar como un impuesto a la comida y a los carros”, afirmó.

Señaló que la tendencia comercial de no tener inventario es “irreversible” porque los comercios están buscando el uso eficiente del dinero. “¿Para qué tú vas a tener tu dinero prisionero aquí en un inventario cuando el consumidor ya se está acostumbrando a esperar?”, cuestionó.

“Mi punto también es decirles a los alcaldes que deben tener un interés genuino en buscarle alternativas a esto. No te tranques a la mala porque se te hará esto sal y agua en las manos. Tal vez ahora no, pero de aquí a 20 años sí… y se les hará esto sal y agua”, insistió.

Nick Pastrana, director ejecutivo de la Comisión de Hacienda, expuso que el gobierno recauda alrededor de $500 millones anuales por el impuesto a la propiedad mueble, que incluye los $220 millones del impuesto al inventario y otro por equipo y maquinaria.

“Es difícil conseguir otro impuesto que se comporte igual”, señaló el también experto en asuntos económicos.

Zaragoza presentó, además, la Resolución del Senado 64 para investigar los desembolsos y la utilización del Programa de Protección de Nómina (PPN) autorizado mediante orden ejecutiva y delegado a las agencias fiscales del gobierno central. El programa operó con fondos de la ley federal Cares y proveía asistencia a patronos del sector privado —que se vieron afectados por la pandemia de coronavirus— para gastos de nómina.

“Hay miles de pymes que están a punto de cerrar y una de las cosas que me preocupa es que se hizo este PPN criollo, ya se cerró el programa y no estoy seguro de su efectividad. Lo que he escuchado en la calle es que había $350 millones y de eso se solicitó una cantidad muy baja. No fue que el comerciante pidió poco, fue que pocos comerciantes pidieron”, puntualizó Zaragoza.

Apoyo de alcaldes

Mientras, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, se mostró a favor de la propuesta de Zaragoza para investigar el impuesto al inventario y aseguró que “de alguna manera ha sido algo que se ha tergiversado”.

“Gran parte de este impuesto por inventario —o casi el 90%— quien realmente lo pagan son las megatiendas y el pequeño y mediano comerciante no se afecta. No es cierto que este impuesto sea el causante de que no haya inventario en momentos de emergencia. La consecuencia de que no haya inventario no es de ese impuesto”, dijo.

El también alcalde de Villalba manifestó que asistiría a las vistas públicas para despejar dudas sobre el impuesto. “Estamos dispuestos a defender y ayudar a las arcas municipales primero, pero también al pequeño y mediano comerciante”, agregó.

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