Con el objetivo de que se logre una reestructuración razonable para los $35,000 millones en deuda constitucional, el senador Juan Zaragoza retará a la Junta de Control Fiscal con dos medidas que, de aprobarse, habilitarían oficialmente una política pública de no colaboración si las negociaciones con los acreedores resultan contraproducentes.

En la tarde de hoy, el organismo regulador radicó ante la jueza federal Laura Taylor Swain un acuerdo en principio con acreedores que tienen derecho a más de $7,000 millones en bonos de Obligaciones Generales (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Zaragoza afirmó a EL VOCERO que no tolerarán ningún recorte a los pensionados, ni a la Universidad de Puerto Rico (UPR) o alguna otra instrumentalidad, por lo que de la junta fiscal someter un POA que así lo establezca, no darán paso a ninguna legislación que facilite su aprobación. La ley federal Promesa dicta que cualquier POA que vislumbra emisión de deuda o intercambio de notas necesita legislación.

En febrero del pasado año, el organismo regulador radicó un POA que buscaba reducir la deuda gubernamental y otras reclamaciones de $35,000 millones a $11,000 millones, pero se vio obligado a regresar a la mesa de negociación. Este vislumbraba una reducción de 8.5% en las pensiones de los retirados que devengan más de $1,200 al mes que la junta aun mantiene ante su consideración.

Ante esto, el senador sometió una Resolución Conjunta para expresarle “de manera clara e inequívoca” al organismo regulador que la Asamblea Legislativa no aprobará legislación que viabilice un POA que no permita mecanismos alternos para concretar el pago total de las pensiones, que vislumbre el pago de deuda ilegítima o que no esté acompañado de un análisis de sustentabilidad.

“La jueza Swain reconoce que la Legislatura tiene una participación en el proceso. Estamos enviando un mensaje desde ahora para que estén conscientes de que no vamos a darle aprobación a nada que cierre las puertas a mecanismos alternos para cumplir con la gente y que no sea basado en un estudio de sostenibilidad”, afirmó el legislador.

Asimismo, Zaragoza presentó el Proyecto del Senado 181, para aclarar que todas las facultades concedidas mediante la Ley #2 de 2017 a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) deben ser utilizadas “para el beneficio del pueblo”. Esta es la agencia encargada de supervisar los asuntos relacionados con la restructuración, renegociación o ajuste.

El senador aseguró que, con esta medida, Aafaf deberá tomar aplicar en sus trabajaos y mediaciones la política pública de no recortes a las pensiones, defensa a la UPR, análisis de sostenibilidad de la deuda, y no emitir pago a deuda ilegal. “Estos son los cuatro pilares del gobierno y hay que respetarlos”, puntualizó Zaragoza.