A discusión en el Senado un incremento al salario mínimo

A discusión en el Senado un incremento al salario mínimo

El senador del Partido Popular Democrático (PPD) Juan Zaragoza y el senador independiente, José Vargas Vidot, proclamaron esta mañana estar listos para trabajar las enmiendas necesarias para acoger lo contemplado en el proyecto aprobado ayer en la Cámara de Representantes sobre salario mínimo.

La pieza legislativa es de la autoría del representante popular Héctor Ferrer Santiago. Ayer se aprobó en la Cámara con una enmienda en sala propuesta por el representante penepé Joel Franqui para que entre en vigor un aumento inicial a $8.25 en julio.

Un proyecto de Franqui que proponía un aumento al salario mínimo a $8.50 el año pasado no prosperó en el Senado.

El incremento incluido en el Proyecto de la Cámara 338 no aplicaría a los empleados de las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, municipios, la Rama Legislativa y Judicial.

La medida también autoriza a los titulares de los departamentos del Trabajo y Recursos Humanos, y Desarrollo Económico y Comercio eximir una industria en particular si el aumento propuesto tiene un impacto “de tal gravedad que justifique exceptuar su implementación”.

En una conferencia de prensa esta mañana, los senadores indicaron, en compañía de Ferrer Santiago, que buscan encontrar coincidencias entre el Proyecto de la Cámara 338 aprobado en ese cuerpo ayer y el Proyecto del Senado 182 para fortalecer iniciativas legislativas en torno al salario mínimo.

“Vargas Vidot y este servidor hemos trabajado fuertemente para establecer la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico desde el Senado. Luego de conversaciones con el representante Héctor Ferrer, analizamos la oportunidad de unirnos y magnificar el proyecto con nuevas enmiendas que fortalezcan el mismo. Nuestro norte está cobijado en ayudar a la clase trabajadora que ha sufrido embates por los pasados dos años. Vargas Vidot y este servidor llegamos a un acuerdo de un salario mínimo base, esto dejándonos llevar por diferentes ponencias recibidas y estudios realizados con el economista José Caraballo Cueto, profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey”, dijo Zaragoza.

En concreto, señaló que la propuesta del economista no debe establecerse en base al costo de vida, sino al mercado laboral.

“Accedimos a que el número base del salario mínimo debe ser $8.50, ya que se atempera al costo de vida de los puertorriqueños. Es importante recalcar que este aumento base vendrá acompañado de una herramienta continua de revisión y el restablecimiento de la Junta de Salario Mínimo, quien tendrá el peritaje y la encomienda de revisar y aumentar escalonadamente el salario mínimo para que este suba según sube el costo de vida y la inflación”, aseguró Zaragoza.

Vargas Vidot insistió en que es urgente la necesidad de aumentar el salario mínimo.

“Sin embargo, también es necesario que se establezca una herramienta continua y evaluadora que prevenga que, nuevamente, esperemos décadas para lograr aumentos al salario mínimo. Lo que proponemos son dos cosas puntuales. Primeramente, planteamos un nuevo salario mínimo uniforme que nos permita establecer una base y, a la misma vez, remunerar adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. En segundo lugar, para el futuro, proponemos restablecer la Junta de Salario Mínimo para que ese ente, con el peritaje adecuado, continúe aumentando el salario mínimo en la isla de forma prospectiva”.

Los tres legisladores indicaron que, uniendo ambos proyectos y fortaleciendo con enmiendas el ya aprobado por la Cámara de Representantes, se camina hacia la dirección correcta para hacerle justicia salarial a los trabajadores y trabajadoras.

Al defender la medida en el hemiciclo de la Cámara ayer, Ferrer Santiago recordó que han pasado 10 años desde que se incrementó el salario mínimo federal y que continúan los aumentos en el costo de vida, incluyendo los alimentos, los medicamentos y las utilidades.

“Nuestra clase trabajadora continúa con el salario mínimo de $7.25″, sostuvo.

El comité asesor propuesto estará compuesta por representantes del sector privado, gubernamental, los sindicatos y la academia y tendrá el deber de presentar un informe parcial y otro final dentro de un término de 120 días (luego de firmada la ley) con las recomendaciones necesarias para aumentar el salario mínimo. El comité tendrá que revisar el salario mínimo cada cinco años.

“Es sumamente importante que, como parte de este análisis se contemple cómo un aumento al salario mínimo afectaría a estas personas y se presenten soluciones para mitigar cualquier efecto negativo para ellos”, dijo Ferrer Santiago, al aludir a cómo el incremento en el salario mínimo podría afectar la elegibilidad de ciertos ciudadanos a ayudas gubernamentales en alimentos y vivienda.