El proyecto de ley que modificaría la manera en que el Estado le reconoce tasas contributivas preferenciales a individuos y exportadores de bienes y servicios está tomando forma indicaron, por separado, la senadora María de Lourdes Santiago y el senador Juan Zaragoza.

Mientras, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, dejó claramente establecido en entrevista con El Nuevo Día que cree en las leyes 20-2012 y 22-2012 como herramientas de desarrollo económico y como recurso para atraer inversión.

Por un lado, Santiago y Zaragoza, en entrevistas por separado con este medio anticiparon que la legislación debe estar lista para ser aprobada en esta sesión ordinaria. Santiago y Zaragoza se reunieron este pasado lunes.

Dalmau Santiago también entiende que se debe aprobar algún proyecto de enmiendas en esta sesión ordinaria.

Zaragoza dirigió, como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, vistas públicas para atender un proyecto de ley de Santiago que persigue derogar las leyes 20 y 22 del 2012. El consenso entre los deponentes giró en torno a la necesidad, no de eliminar los estatutos, que ahora forman parte del Código de Incentivos, sino de modificarlos para que futuros beneficiarios cumplan con requisitos de generación de empleos y contribuyan al fisco.

La Ley 22-2012 fue promulgada durante la administración del exgobernador Luis Fortuño para atraer personas adineradas a que residieran al menos la mitad del año en Puerto Rico a cambio de recibir tasas preferenciales sobre sus ganancias de capital. No tienen que crear empleos y solamente comprar una residencia y donar $10,000 anualmente a entidades sin fines de lucro.

La Ley 20-2012 otorga a individuos o empresa que reciban decretos al amparo del estatuto una tasa contributiva corporativa de 4%, 100% de exención contributiva sobre dividendos o distribuciones de ganancias, exenciones sobre impuestos municipales e impuestos a la propiedad, sin el requisito de crear empleos. Cualifican servicios como mercadeo, publicidad y relaciones públicas, consultoría, industrias creativas y servicios legales, entre otros.

Zaragoza indicó que se trabajará un proyecto sustitutivo y que planifica, como parte de la medida, disponer que las disposiciones en el Código de Incentivos (Ley 60-2019) tendrán una fecha expiración para dar paso a las nuevas reglas de juego. Todos los decretos aprobados hasta el momento en que se firme la nueva ley serían honrados por el Estado e insistió en que el reto principal es que los beneficiarios de los decretos paguen más sin desalentar su apetito de invertir en la isla al beneficiarse de tasas preferenciales.

“Estamos partiendo de la premisa de que hay un apetito grande personas en venir a Puerto Rico por las diferencias en tasas con Estados Unidos. La idea es aprovechar ese apetito para ponerlo a funcionar en beneficio de la isla. Lo que estamos diseñando es requerirles (a los inversionistas) que aporten a tres canastas”, dijo Zaragoza al referirse a la creación de negocios, que depositen dinero que sirva como garantía en el Banco de Desarrollo Económico para préstamos tomados en la banca privada y una aportación al Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico.

En cuanto al requisito de nómina, Zaragoza sostuvo que todavía se está afinando ese lenguaje y si sería a base de número de empleados.

En cuanto a los beneficios a exportadores de servicios, Zaragoza indicó que se contempla aumentar la tasa contributiva preferencial, que actualmente es de 4%.

“Aumentarla y tener algún tipo de requisito de generación de empleos también”, dijo Zaragoza. “Ya el muñeco está cogiendo forma y lo que falta es poner el porciento mínimo de inversión en cada canasta”.

En entrevista por separado, Santiago reconoció que no se llegó a un acuerdo definitivo con Zaragoza

“Nada definitivo. Un poco explorando cómo se puede modificar, sustancialmente, las leyes, específicamente la 22 y atendiendo varias de las recomendaciones que se hicieron en vistas públicas”, sostuvo Santiago.

La senadora pipiola recordó que se hizo la recomendación de que cualquier decreto tiene que estar atado a una inversión mínima y que no pueda estar ligado al mercado de bienes raíces o la compra de una casa

“Eso lo enfatizó el economista José Caraballo Cueto. La casa es una sola transacción y genera una anomalía en el mercado”, dijo Santiago al referirse a cómo estas compras elevan artificialmente el valor de las residencias.

“En el caso de la Ley 20, discutimos cómo se pueden incluir requisitos de generación de empleos, pero sin afectar al inversionista local”, dijo.

En cuanto a beneficios a inversionistas que se muevan al país, sostuvo que la tasa sobre ganancias de capital tiene que aumentar de la cifra actual de 4%

“Estuvimos hablando de distintos escenarios, pero no te quiero dar un número exacto todavía”, señaló.

Por lo pronto, la Comisión de Hacienda en el Senado tiene la tarea de gestionar cierta información, como la cantidad de empresarios puertorriqueños beneficiados por la ley 20. En el caso de la Ley 22, se tiene que determinar cuál sería la inversión mínima razonable y, según Santiago “no pueden ser actividades que desplacen negocios puertorriqueños”.

En cuanto al efecto prospectivo de los cambios, Santiago ha reconocido que ese es el ambiente que permea legislativamente, aunque aclaró que “en Puerto Rico ya se han alterado obligaciones contractuales”, en referencia, en parte, a los cambios que han sufrido los pensionados del país.

Lo que Santiago tiene claro es que la legislación a aprobarse tiene que estar lista en esta Sesión Ordinaria.

“El ambiente está más que despejado para los cambios a la Ley 22… no puede pasar de esta sesión. Hay un moméntum y no debe desaprovecharse”, señaló.

Dalmau Santiago: “Esto hace que traigamos riqueza a Puerto Rico”

El presidente del Senado argumentó que uno de los efectos de la Ley 22-2012 es que las riquezas generadas por los beneficiarios de decretos de este tipo se quedan en la isla.

“Invierte aquí, guarda dinero en los bancos de aquí y en el corto tiempo de implementación de esta ley, los que saben han dicho que ha creado sobre 40,000 empleos”, dijo Dalmau Santiago.

Durante las vistas públicas trascendió que las compañías acogidas a la Ley 20-212 aportaron $210 millones en contribuciones sobre ingreso en un período de cuatro años y crearon, entre el 2015 y el 2019, unos 16,000 empleos directos y 20,000 empleos indirectos. Sin embargo, en esas mismas audiencias públicas y según cifras del gobierno, los beneficiarios de la Ley 22-2012 crearon 4,044 empleos en esos mismos cuatro. Sin embargo, durante eso periodo se otorgaron 3,311 decretos.

Dalmau Santiago defendió la Ley 22-2012 como ejemplos reales de inversionistas que han adquirido todo tipo de propiedades en transacciones, que algunas han creado hasta 500 empleos y que estos inversionistas también aportan dinero a entidades sinfines de lucro.

“Las historias que he conocido en estos pocos años son historias de personas que han tenido éxito abrumador a nivel mundial en sus empresas, tienen un dinero y se enamoraron de Puerto Rico. Eso ha puesto a otros estados a mirar sus leyes y ver cómo también lo pueden hacer, pero en el caso de ellos no lo pueden hacer porque no son estados”, indicó Dalmau Santiago. “La inmensa mayoría de ellos está invirtiendo en el país. Mi planteamiento es: vamos a observar el comportamiento de esta ley”.