El proyecto de ley que amplía el beneficio de Crédito al Trabajo fue aprobado esta tarde en la Cámara de Representantes y sin enmiendas, por lo que va camino a La Fortaleza para la firma del gobernador Pedro Pierluisi.
El estado de derecho actual solo permite el desembolso de unos $111 millones, pero con el Proyecto del Senado 280, hecho posible a través de la Ley Federal de Rescate Americano (Ley ARP), se podrían desembolsar hasta $800 millones, de los cuales $200 millones saldrían de fondos estatales.
El proyecto de ley incluye una serie de umbrales de ingresos tanto para trabajadores asalariados como para personas que laboran por cuenta propia. Dependiendo del ingreso y si se trata de un individuo o una pareja, y siempre tomando en cuenta la cantidad de dependientes, podría recibir un pago del gobierno de hasta $6,500 anuales. El pago se haría como actualmente el Departamento de Hacienda desembolsa los reintegros tras la radicación de la planilla de contribución sobre ingresos.
Mediante cambios introducidos al proyecto de administración, se redujo la edad mínima para cualificar para el crédito de 27 a 19 años, por lo que sobre 85,000 trabajadores adicionales cualificarían para el crédito. Igualmente, se aumentó el crédito para trabajadores que devengan un salario mínimo de $64 a $1,500.
La Comisión de Hacienda de la Cámara también dio paso hoy, igualmente sin enmiendas, al Proyecto del Senado 206, que obligaría al gobierno a publicar periódicamente varios informes que reflejan cuánto realmente le cuesta al país los incentivos contributivos, que también se conoce como el gasto tributario.
El gasto tributario no es otra cosa que el ingreso que el gobierno deja de recibir como consecuencia de la concesión de créditos contributivos, tasas contributivas preferenciales, exenciones y deducciones, entre otros impuestos condonados mediante legislación. En el 2016, el Departamento de Hacienda ordenó la preparación de un informe que reveló que para el año contributivo 2017, este gasto representó unos $20,000 millones, lo que popularmente se conoce como el “presupuesto oculto” de gobierno.
El proyecto, del senador popular Juan Zaragoza, ordena al secretario de Hacienda crear un Registro Público Oficial de Gastos Tributarios en el que se registrarían de manera continua los gastos tributarios. El registro será público, accesible a través de la página de internet de Hacienda, cumplirá con lo que se conoce como “Estándares de Datos Abiertos”, incluirá toda la información contenida en el Informe Anual del Gasto Tributario y se actualizaría “continuamente”.
También ordena al titular de Hacienda a preparar y entregar al gobernador y a la Legislatura, en o antes del 15 de diciembre de cada año el Informe de Gasto Tributario correspondiente a dos años calendario previo al año de radicación. Este informe será utilizado como referencia en el proceso de elaboración del presupuesto gubernamental. El informe incluirá el detalle de cada gasto tributario, su estructura estatutaria y el año en que fue concedido el decreto, con el propósito de identificar el dinero dejado de devengar por parte del Estado.
El proyecto, igualmente, ordena la publicación, cada tres años, de un Análisis de Retorno de Inversión y Rendimiento Fiscal que desglose, en síntesis, cuánto le ha costado o cuánto ha beneficiado al país cada decreto contributivo, por industria como Exportación y Bienes Raíces; Finanzas, Inversiones y Seguros; Economía del Visitante; Inversión Elegible Turística; Manufactura, Ciencia y Tecnología, Infraestructura y Energía Verde, Agroindustrias e Industrias Creativas.