El Senado se apresta a llevar a votación esta tarde el Proyecto de la Cámara 1003, que crea la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico y establece las disposiciones para aprobar la oferta, venta y emisión de los diferentes tipos de bonos de obligación general.
La sesión ordinaria del Senado está pautada para comenzar a la 1:00 de la tarde, pero antes, la Comisión de Hacienda, presidida por Juan Zaragoza, está realizando una vista pública sobre el proyecto que crearía la ley habilitadora para el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).
La audiencia comenzó pasadas las 8:00 a.m., y hasta el Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio han llegado diversos portavoces de organizaciones, quienes han mostrado reparos sobre la medida que, al momento, ha sufrido varias enmiendas, entre ellas una que busca garantizar que no haya recortes a las pensiones con la aprobación del PAD.
En primer lugar, el analista senior de política pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots, sugirió a la comisión que no de paso a la aprobación de la legislación sin que antes se atiendan puntos relacionados con la sostenibilidad, responsabilidad, equidad y participación.
Santamaría Ots mencionó que cualquier legislación aprobada para dar luz verde al plan de ajuste debe seguir el criterio de sostenibilidad, por lo que no avala la aprobación de cualquier legislación que viabilice un plan de reestructuración de deuda no sostenible.
Agregó que el plan debe ser “fiscalmente responsable”, debería tener un “trato justo y equitativo entre las partes afectadas: deudores y acreedores” y que cualquier compensación adicional a los bonistas -tal y como se pretende a través de los instrumentos de valoración contingente- debe producirse única y exclusivamente si existe un superávit fiscal.
“Cualquier plan debe permitir el voto del universo completo de las partes afectadas. En el caso de los retirados, desaconsejamos cualquier legislación que imposibilite el derecho democrático al voto de todo el universo de afectados por el congelamiento de los ajustes por inflación: los 166,510 retirados y parte de los 151,973 miembros en activo”, subrayó.
Añadió que la mayoría de los retirados de Puerto Rico no reciben ajustes por inflación desde 2007. Mencionó que, en concreto, entre el 2007 y 2019, los retirados sufrieron un 19% de reducción de su poder adquisitivo. “Cuando vemos el impacto total de las medidas de austeridad que pretende implantar la junta en los retirados, el impacto mayor no viene por el recorte del 8.5%, sino por el congelamiento de los ajustes por inflación”, sostuvo.
“La junta entiende que, para aprobar o rechazar el plan de ajuste, debe votar el pensionado que esté afectado y, aunque reconoce que la congelación de los ajustes por inflación afecta al 100% de los resultados, imposibilita el derecho democrático al voto del universo de afectados que incluiría a la totalidad de los 166,510 retirados y parte de los 151,973 miembros en activo que se verán afectados”, indicó Santamaría Ots.
Llamado a no cometer el mismo error
Mientras, el presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, José González Taboada, dijo que el Senado no debe seguir cometiendo los mismos errores del pasado aprobando emisiones de deuda sin evaluar el impacto real de la misma y menos para pagar deuda emitida “ilegalmente”. “Nada se está discutiendo en el atropellado proceso para aprobar esta ley. El futuro del pueblo puertorriqueño se decidirá en un par de semanas. Y no es un futuro halagüeño”, precisó González Taboada.
A esos fines, mencionó que la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público considera “atropellado, poco transparente y participativo” este proceso legislativo llevado a cabo tanto por la Cámara como el Senado para la evaluación y aprobación de la legislación habilitadora para la confirmación del plan de ajuste.
“Estamos frente a la séptima enmienda de un plan de ajuste de la deuda de un proceso de quiebra que ha demorado cuatro años y que afectaría al país por las próximas tres décadas o más. Además, este plan de ajuste de la deuda tiene muchos riesgos e impactos muy serios para Puerto Rico y no se puede evaluar a la ligera. Este cuerpo no debe olvidar que la aprobación de nuevas emisiones de deudas sin la debida evaluación por esta Asamblea legislativa fue uno de los factores que nos llevaron a esta crisis”, sostuvo.
Rechaza el PAD
Por su parte, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves, mantuvo su postura en rechazo al plan de ajuste y planteó que lo que debe hacer la legislatura y el gobernador Pedro Pierluisi es defender la política pública establecida en la Ley 7 de 2021 sobre Retiro Digno, que es la ruta que considera “protege pensiones, servicios esenciales y el bolsillo de todos los puertorriqueños”.
“La CPT les reclama que no aprueben el PC 1003 y elaboren un proyecto sustitutivo en el cual realmente utilicen el poder que les confiere la sección 314 de la Ley Promesa para provocar que se enmiende por octava ocasión el PAD conforme a los parámetros establecidos en la Ley 7 de 2021 para el Retiro Digno. Esta ley contiene mas de 15 requisitos con los que tiene que cumplir el PAD para que sea aprobado por la Legislatura”, agregó.
Costo de vida más caro
De igual manera, Sonia Palacios, portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones y Construyamos Otro Acuerdo, afirmó que el proyecto pretende emitir bonos y de esa forma viabilizar el plan de ajuste propuesto por la junta, adelantando recortes de pensiones y otras medidas detrimentales para el país.
“Ustedes saben que nosotros usamos nuestras pensiones no solo para sobrevivir, sino también para ayudar a nuestras familias en estos momentos de pandemia y crisis. A esto le sumamos lo caro que se ha puesto vivir y sobrevivir aquí, entre privatizaciones y aumentos. Los servicios están más caros, las escuelas de nuestros hijos y nietos están en deterioro, los doctores son escasos y los apagones nos tienen paralizados”, aseveró.
Añadió que el plan de ajuste repite “la misma receta de austeridad para el país que no ha funcionado”. “No solo los expertos estiman que esas medidas nos llevarán a otra quiebra. La propia Junta de Control Fiscal lo indica como el que hace una advertencia y adelanta que no puede garantizar todo lo que promete”, sostuvo.
Postura de algunos senadores
Al inicio de su turno de preguntas en la vista pública, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, dijo que “si se continúa por la vía por la que vamos y de la que será parte la legislación que se estará votando hoy apresuradamente, las perspectivas para el país no son halagadoras”.
“No hay esa razón para el respiro, para el alivio y creo que es importante documentar cómo sería ese escenario no digo yo de aquí a 15 años. Ponemos la fecha del 2036 como el año de la consumación de la catástrofe, pero el camino de aquí al 2036 tampoco va a ser sencillo”, afirmó.
“En derecho hay un principio que dice que se presume que cada persona percibe las consecuencias de sus actos. Yo no creo que en este asunto se pueda reclamar inocencia y cuando usted habla de la destrucción de oportunidades para las otras generaciones cuando se habla de otro abismo en el 2036, yo no creo que nadie puede reclamar que si sabe que eso va a ocurrir y que hay una intención de que eso ocurra… Hoy es un mal día para el país”, mencionó Santiago.
En tanto, el portavoz alterno del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el Senado, Rafael Bernabe, indicó que la Asamblea Legislativa tiene fuerza para lograr cambios en el plan de ajuste en la medida en que no se apruebe la emisión de bonos.
“Ese es el arma que tenemos. Nosotros (la Legislatura) podemos exigirle (a la junta) que ese plan de ajuste tiene que cambiarlo, en la medida en que no hayamos emitido bonos porque ellos necesitan para echar para adelante el plan de ajuste que nosotros emitamos nuevos bonos. En el momento en que nosotros emitamos los nuevos bonos, estamos atados a los términos que se acordaron con esos bonos”, dijo Bernabe.
“Se señala que vamos a presentar una serie de enmiendas, pero son enmiendas que presentamos en esta medida legislativa y no en el plan de ajuste… O sea que toda salvaguarda que queramos nosotros presentar ahora, que no sea que se incluya en el plan de ajuste de la deuda, que sea simplemente una legislación nuestra, realmente no es una salvaguarda y para lograr que se incluya en el plan de ajuste y no en la medida, pues tenemos que decirle a la junta en este momento que hasta que no cambie ese plan de ajuste aquí no va a haber emisión de bonos”, puntualizó Bernabe.
Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot indicó que “encima de todo lo negativo que ya sabemos del Proyecto de la Cámara 1003, esta medida, como está escrita, sería el último clavo en el ataúd de la Universidad de Puerto Rico (UPR), comenzando con el cierre de UPR Utuado, junto con el Programa de Extensión Agrícola, la Estación Experimental y otros programas únicos en esa unidad”.
“La realidad es que, por los últimos 4 años, la UPR Utuado ha sido blanco de recortes, reducciones de personal y cierres de programas, gracias a las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, este plan de ajuste de deuda, que le cede el país los bonistas, es lo que faltaba para cuadrar el cierre de la UPR en Utuado. Ojo, Utuado sería la primera víctima de este plan, pero no la última. Peligrarían la UPR en Humacao y Ponce. Todo esto mientras se asoman más recortes a la UPR. ¿Este es el Puerto Rico que queremos encaminar?”, cuestionó.
Reacciona rector de UPR Utuado
Sin embargo, el rector de la UPR en Utuado, Luis A. Tapia Maldonado, dijo que este recinto “no cerrará, como trascendió hoy más temprano, y continuará ofreciendo los servicios académicos a su comunidad universitaria como lo ha hecho por los pasados 40 años”.”Aunque sí hemos tenido recortes en el presupuesto, hemos logrado hacer ajustes que han redundado en la continuación de los programas académicos únicos en el sistema universitario público. Nuestra unidad, la más joven del sistema UPR, ofrece servicios a la población del centro de la isla; un plan de cierre sería nefasto para la zona, pues no solo somos un centro educativo, sino que somos un punto de encuentro académico para toda una región geográfica con pocas alternativas de educación superior”, agregó. “Rechazo cualquier medida que atente contra la UPR en Utuado y las otras unidades. Nuestra comunidad universitaria estará atenta a las medidas que se discutan en la Asamblea Legislativa y nos opondremos a cualquier proyecto que ponga en peligro la educación universitaria pública”, puntualizó.