El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda le responde, además, al gobernador Pedro Pierluisi, quien criticó la resolución aprobada en la Cámara: “Se aleja de la realidad”

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda,Juan Zaragoza, indicó esta mañana que se reunirá en los próximos dos días con todos los senadores para discutir el contenido de la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara de Representantes de cara a la discusión de la medida en la sesión legislativa del jueves.

Por lo pronto, el legislador indicó que no había identificado partidas que requirieran cambios, pero que estaría pendiente, específicamente, al lenguaje introducido por la Cámara que le desvolvería a la Legislatura ciertos poderes, incluyendo la capacidad de aprobar o rechazar reasignaciones en el presupuesto.

“Todas las partidas fueron discutidas con la Junta de Supervisión Fiscal”, aseguró Zaragoza.

El senador refutó ayer una serie de denuncias hechas por el gobernador Pedro Pierluisi sobre cómo la Cámara hizo caso omiso a asignaciones particulares en el presupuesto que presentara ante la Legislatura.

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez y el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández, han dicho repetidamente que se trabajó sobre el presupuesto presentado por la Junta precisamente porque el ente fiscal descartó el presupuesto del primer ejecutivo.

Pierluisi, por su parte, advirtió ayer que no firmaría la resolución del presupuesto que llegue a sus manos si no incluía sus “prioridades”. El presupuesto que dio a conocer superó al de la Junta por $233 millones.

Ante este planteamiento, Zaragoza sostuvo que el gobernador “se aleja de la realidad”.

Por ejemplo, destacó que la Cámara le inyectó, entre dos partidas distintas, un total de $163 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) a ser utilizados entre un Fondo Dotal y un fondo de becas. De esa cifra, $47 millones estaban en manos del Departamento de Hacienda, pero el sábado Santa Rodríguez sostuvo que “le pertenecen” a la UPR.

Mediante tres proyectos que transferirían la titularidad de ciertas escuelas, carreteras secundarias y terciarias e instalaciones deportivas, la Cámara confía en que los gobiernos municipales tendrán acceso a hasta $74 millones mediante este tipo de transacciones con los departamentos de Educación, Transportación y Obras Públicas, y Recreación y Deportes. De hecho, la cifra de $74 fue propuesta por la Junta.

La Cámara también asignó $89.3 millones a un pote dirigido a costear la nómina de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que pasaron a otras dependencias gubernamentales tras no solicitar trabajo en LUMA Energy.

Igualmente, dijo Zaragoza, se asignaron $10 millones de reservas para programas de discapacidad intelectual, $8.5 millones para los programas de residencia y neurocirugía en el Centro Médico en Río Piedras y $250,000 para el Concilio de Personas sin Hogar.

El senador sostuvo que Pierluisi “induce a engaño” al señalar que se quitaron $200 millones a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para otras partidas como la asignación de la UPR. Según Zaragoza, la Junta certificó que el dinero necesario de la ACT está disponible y que la corporación pública, de un fondo de $200 millones, todavía cuenta con $84 millones.

Pierluisi señaló ayer que se “sacaron” $112 millones del fondo de becas de la UPR, pero Zaragoza sostuvo que el dinero no estaba asignado y se garantizó con las movidas presupuestarias de la Cámara.

Desde la semana pasada, Santa Rodríguez. y luego Zaragoza, han sostenido que la Policía y el Negociado de Bomberos no han utilizado fondos disponibles de pasados presupuestos (dinero que sigue en sus manos) para reclutamiento. PIerluisi señaló ayer que se les “niega” fondos a, por ejemplo, la Policía y dependencias del Departamento de Seguridad Pública.

Niega aumento legislativo

Zaragoza negó que la Legislatura se haya aumentado el presupuesto en $17 millones, y señaló que el dinero adicional será utilizado para pagar liquidaciones de empleados de la pasada administración.

El presupuesto de la Legislatura refleja $9 millones en Pay Go porque, aunque el dinero siempre ha estado disponible para la Asamblea Legislativa, en este presupuesto la Junta confeccionó el documento del tal manera que da la impresión de que se trata de dinero nuevo.

“El gobernador sigue intentando revivir su presupuesto cuando ya la Junta le ha dejado saber que no cumple con el Plan Fiscal en dos ocasiones (2 de febrero y 4 de mayo). Es entender que, si se aprobara el presupuesto natimuerto del gobernador, la Junta lo colgaría y prevalecería el de la Junta -el cual no atiende los $325 millones en prioridades fiscales que hemos establecido-. Dicho de otro modo, la mejor manera de hacer que el presupuesto de la JSF prevalezca es aprobando el presupuesto del gobernador”, dijo Zaragoza.

Entre otros cambios, la Cámara incrementó de $92,000 a $292000, la asignación, bajo el Departamento de Salud, al Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo. Incrementó, además, en $20 millones la partida de donativos y subsidios y otras distribuciones en el Departamento de Educación.

El gobernador denunció ayer que la Cámara incluyó a última hora un lenguaje en el presupuesto que supuestamente obstaculiza la gestión gubernamental o le añade burocracia.

La Cámara sí incluyó una frase que dispone que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá que reportar a la Junta y, con una enmienda, también a la Legislatura, los ingresos reales durante los primeros tres trimestres del año fiscal y, con otra enmienda, se dispuso que el 2.5% del presupuesto al final del año fiscal solo podrá ser utilizado si la Junta y, con otra enmienda, la Legislatura, lo autoriza.

Con otra enmienda, la Legislatura, además del director de OGP, el gobernador y la Junta, recibiría a más tardar 45 días después del cierre de cada trimestre un informe de ingresos preparado por Hacienda.

También se añadió un texto que dispone que la Asamblea Legislativa no aprobará ninguna modificación ni reprogramación de las asignaciones ya aprobadas hasta que la Junta provea un análisis que certifique que la reprogramación solicitada por el Ejecutivo no es significativamente inconsistente con el plan fiscal.