Washington D.C. – El senador Juan Zaragoza, un exsecretario de Hacienda, pone en duda un posible impacto “significativo en la economía puertorriqueña los créditos por empleo que puede ofrecer el Congreso para incentivar nueva inversión de subsidiarias estadounidenses en Puerto Rico.
“Desde que se eliminó la sección 936 no ha habido una herramienta contributiva federal para incentivar la manufactura en Puerto Rico. (Nuevas propuestas) son buenas noticias. Ahora bien, esas herramientas como están diseñadas no son útiles para una gama amplia de empresas”, sobre todo para la industria farmacéutica, advirtió Zaragoza electo por el Partido Popular Democrático (PPD), en entrevista con El Nuevo Día.
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobó incluir en el proyecto de reconciliación presupuestaria -que guiará las iniciativas del “plan para las familias” del presidente Joe Biden-, créditos de 10 años por los empleos que generan las empresas estadounidenses que hacen negocios en Puerto Rico y los otros territorios.
También propone elevar de 80% al 100% el crédito por contribuciones locales del impuesto sobre la propiedad intelectual – Gilti, por sus siglas en inglés- que pagan las empresas foráneas. Para las foráneas basadas en países independientes el crédito se queda en 95%.
En el caso de las corporaciones grandes, el crédito por empleo sería un máximo de $10,000, el 20% de un salario de hasta $50,000. Para las empresas que tienen 30 empleados o menos e ingresos que no superen los $50 millones, el crédito aumentaría al 50%, con un máximo de $69,750.
Zaragoza, quien tuvo reuniones en el Congreso, dijo que un crédito de $10,000 para una empresa farmacéutica con $3,000 millones de ingresos, que pudiera pagar $600 millones de impuestos en Estados Unidos pudiera tener un beneficio de $5 millones.
“Eso no mueve la aguja”, indicó Zaragoza, al indicar que el propósito de incentivar la inversión debe ir dirigido no solo a retener empresas y buscar que expandan operaciones, sino también a atraer nuevas inversiones.
Gran parte de la atención ha estado puesta, tras la pandemia del coronavirus, en lograr que Puerto Rico reciba empresas que pueden haber estado fuera de territorio estadounidense y decidan regresar a una jurisdicción bajo la bandera de Estados Unidos.
Zaragoza sostuvo que un crédito de 40% por hasta $80,000 de salario -que representaría un crédito de unos $32,000-, pudiera ser un incentivo importante para nueva inversión de empresas estadounidenses en Puerto Rico.
La exigencia de tres años con por lo menos el 75% de sus ingresos en el territorio para poder tener acceso al crédito es un requisito normal, sostuvo Zaragoza, quien se reunió aquí con los congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Ritchie Torres, electos por Nueva York, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Carmen Feliciano.
Zaragoza afirmó que elevar al 100% el crédito por los impuestos locales frente a Gilti debería facilitar la transición dirigida a convertir el arbitrio de 4% sobre las empresas foráneas – que representa unos $1,800 millones anuales para el erario de Puerto Rico-, en una contribución sobre ingresos.
Además de Zaragoza han tenido reuniones esta semana en Washington los presidentes del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. También ha estado en Washington una delegación de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).
Hernández Montañez ha coincidido con la apreciación de Zaragoza. Dijo que en una reunión con el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja, Richard Neal (Massachusetts), promoverá lenguajes del proyecto del senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey), incluyendo un crédito de hasta $32,000 por empleo para las grandes corporaciones
A los miembros de la Cámara de Comercio y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, mientras, se les ha pedido un análisis sobre el impacto de los créditos que impulsa el Comité de Medios y Arbitrios. “Vamos a tratar de examinar números con rapidez”, dijo el expresidente de la Cámara de Comercio y CPA Kenneth Rivera Robles.
Rivera Robles, quien ha indicado que el crédito para las empresas pequeñas y medianas puede ser un incentivo para compañías de servicios, ha insistido en que es un reto que los créditos tengan una duración de solo 10 años, particularmente por el tiempo que le toma a una empresa comenzar operaciones en una nueva localidad.
La salida de la Junta
El senador Zaragoza, por otro lado, sostuvo que discutió con el congresista Torres la posibilidad de impulsar una enmienda a la ley Promesa que permita ir quitándole poderes progresivamente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controlas las finanzas públicas de Puerto Rico.
“No estoy seguro de que la intención del Congreso era que la JSF entrara en el nivel de micro gerencia en el que se ha metido. Cuando empezaron decían que ellos establecían el tamaño de la casa y que el gobierno acomodaba los muebles. Ahora no solo acomodan los muebles, deciden cual es la compra y que es lo que va a la nevera”, sostuvo Zaragoza.
Después de que el liderato demócrata de la Cámara baja frenara durante la pasada sesión una legislación del presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona), para suavizar la ley Promesa, proteger servicios esenciales como la Universidad de Puerto Rico (UPR) y cancelar deuda no asegurada, legisladores y alcaldes han impulsado que el Congreso elimine la JSF a los seis meses de que se haya reestructurado la deuda pública.
“Deben ir recogiendo velas”, dijo Zaragoza, para permitir que el gobierno de Puerto Rico “vaya ocupando esos espacios”.