Mientras, un experto argumenta que pese a la aprobación del plan de ajuste, Puerto Rico regresaría a la quiebra en el 2036
El presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, advirtió esta mañana que la Legislatura tiene “el sartén agarrado por la mano” y que, fundamentado en esa realidad, defenderá el lenguaje a incluirse en el proyecto de ley que autoriza el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para añadir fondos a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y crear un Fondo de Inversión Estratégico para el Desarrollo Económico, valorado en $300 millones, entre otras aspiraciones.
Ese fondo se utilizaría para fomentar el empresarismo y el adiestramiento profesional a ciudadanos. “Una de las grandes críticas a todo esto es que el desarrollo económico no se toca y estamos creando un fondo para eso”, dijo Zaragoza antes de iniciar una vista pública.
Zaragoza detalló algunas enmiendas a ser incluidas en el proyecto, que se espera sea aprobado este martes con votos populares y penepés. Por ejemplo, se incrementarían las transferencias que recibe la UPR del gobierno anualmente para “estabilizarlas”, según dijo, en $500 millones. La transferencia actual es $420 y debe reducirse en el próximo año fiscal, por disposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El senador reconoció que el lenguaje chocaría con el Plan Fiscal de la UPR, pero argumentó inmediatamente que las enmiendas van dirigidas a forzar a la JSF a enmendar dicho documento.
“La lógica es que lo que está ante la consideración de la jueza (Laura Taylor Swain) es el PAD, ¿sí o no? Para que ese PAD se operacionalice, hay que emitir deuda y estamos diciendo que estamos autorizando la emisión de deuda siempre y cuando se den unas cosas”, dijo Zaragoza.
Preguntado si las enmiendas en el proyecto podrían provocar que se ponga en riesgo la negociación del PAD, Zaragoza argumentó que “en las negociaciones uno se las tiene que jugar así”.
“Desde el principio sabíamos que nosotros teníamos el sartén agarrado por la mano y ese sartén no lo vamos a soltar así de fácil. Como en toda negociación, uno aprieta asumiendo ciertos riesgos y haciendo una lectura de quién está al otro lado de la mesa. Hay el riesgo de que se tranque el bolo, pero si se tranca no es que la jueza desestimará el caso, tal vez nos tardemos más y sigamos negociando. Es como toda negociación, no puedes ir con miedo y tiene que jugarte la baraja”, señaló Zaragoza.
“Es momento de entrar a la ofensiva”, señaló al referirse a cómo los cuerpos legislativos han sido deferentes con el ente fiscal, particularmente al consultar el contenido de proyectos de ley con impacto fiscal.
El Senado también incluirá en el proyecto un fondo de desarrollo económico, una prohibición a la reducción de los patronos del sector público en las aportaciones a los planes médicos de los trabajadores y asignar $1 millón para estudiar la viabilidad de un plan de salud universal.
En la Cámara ya se aprobó una asignación de $62 millones a los municipios y una prohibición al recorte de las pensiones.
“Estamos moviendo el lenguaje para que no sea una aspiración. Son los mismos puntos que sometimos a la junta hace un mes”, dijo Zaragoza al reconocer que el ente fiscal no ha respondido.
Detractores de la legislación han indicado que los propios números de la JSF señalan que el gobierno regresará a déficit en el 2036 y el pago de la deuda, ya garantizada, se tendría que honrar a expensas del pago a servicios esenciales.
“Es un planteamiento legítimo que en el 2036 nos quedamos sin dinero, lo que pasa es que es pronóstico no considera los $2,900 millones de Medicaid”, dijo Zaragoza al recordar la interpretación jurídica de que esa asignación es perpetua. Igualmente, dijo que el pronóstico no incluye créditos por dependientes y los superávits que se acumularían hasta el 2036.
“La JSF es bien conservadora y todos esos elemento son desarrollos recientes”, dijo Zaragoza. “Tampoco se incluye el Crédito por Trabajo”, agregó.
Acusan a la Junta de no ser clara con los números
Daniel Santamaría Ots, analista de la organización Espacios Abiertos, acusó en la vista pública a la JSF de no ser lo suficientemente clara en lo que se refiere a los números. Por ejemplo, dijo que el “pronto pago” a los bonistas, en efectivo, sería de $10,000 millones y no $7,000 como se ha dicho. También señaló que, con la medida, se impediría que se aprueben futuros ajustes por inflación para los retirados.
“Aunque aprobemos una medida que diga cero recortes, los pensionados van a recibir un recorte del 39% acumulado”, dijo Santamaría Ots al referirse al elemento de la inflación, entiéndase el incremento en los costos mientras el pago mensual de los retirados se mantendría igual.
Al ilustrar su postura en números, indicó que un pensionado que reciba $1,500 mensuales tendría un valor real cercano a los $915 mensuales para el 2037 aplicando la inflación.
Santamaría Ots también cuestionó la viabilidad del pago de deuda pactado. “Ahora Puerto Rico resulta que puede pagar $1,150 millones (anuales) y $405 millones anuales si se exceden los ingreso del IVU y los recaudos del ron”, sostuvo al referirse al pago de la deuda de los nuevos bonos viabilizados a través de la creación de un nuevo Instrumento de Valor Contingente (IVC) y recordando el pronóstico de déficit al 2036.
El experto indicó que la JSFE calculó en el 2017 que Puerto Rico podía hacer un pago de deuda anual de $804 millones. Ahora propone un pago anual de $1,150 millones, además de $405 millones del IVC, pero sin tomar en cuenta el gasto de $1,900 millones de las pensiones, que ahora son sufragadas con el Fondo General.
“Es posible garantizar los ajustes de inflación guardando parte de ese dinero”, dijo Santamaría Ots al referirse a recorte al pago en efectivo. “El Senado no debe sentirse coaccionado por la JSF y que se va a saltar a la Asamblea Legislativa“, agregó. “Ningún bonista va a querer un bono que no sea autorizado por la Asamblea Legislativa”.
La preocupación sobre la inflación fue levantada también por José González Taboada, de la Comisión Ciudadana de la Auditoría de la Deuda.
Santamaría Ots instó a los Senadores a reunirse con la JSF para incorporar sus prioridades. No obstante, advirtió, según su análisis, que la JSF puede acoger lo que le guste de la medida y rechazar lo que quiera también.
‘La Junta puede, de manera selectiva, aceptar lo que les conviene y no aceptar lo que no les conviene”, dijo Santamaría Ots.
“Pero con una cláusula de separabilidad la JSF no puede hacer eso”, le ripostó Zaragoza al referirse al lenguaje en la medida que condicionaría todas las autorizaciones incluidas en la medida, entre estas la autorización del intercambio de bonos, a que igualmente se respeten los avances que impulsa la Legislatura.
“En la medida en que pongamos una cláusula de separabilidad y que si alguna de esas condiciones se considera inválida, pues no hay autorización para emitir deuda”, dijo el senador popular.
Santamaría Ots criticó que si bien se sostiene públicamente que la deuda de Obligaciones Generales se reduce de $18,000 millones a unos $7,000 millones, se hace sin primero anular dos emisiones de bonos realizadas en los años 2012 y 2014, que totalizan $6,000 millones, y que han sido descritas por la JSF como ilegales. Según argumentó, si se reconociera que son ilegales, el pago de la deuda por obligaciones generales podría reducirse aún más.
“La JSF necesita de ustedes y pasar legislación para emitir nuevos bonos”, advirtió Santamaría Ots a preguntas del senador Rafael Bernabe. “Esa coacción de que lo harán con ustedes o sin ustedes, más allá de esa amenaza no está alineada con la Ley Promesa ni con lo que ha dicho la jueza. En esta relación de poder entre la JSF y la Legislatura, ahora ustedes tiene el sartén por el mango”, dijo Santamaría Ots.
“El minuto en que digamos que se ha aprobado la emisión de bonos, se acaba la negociación”, dijo, por su parte, Bernabe.
Sonia Palacios, portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones, criticó que la legislación pasa por el alto el texto de la Ley de Retiro Digno que, además de contemplar una política de cero recortes a las pensiones, también establece como política no pagar deuda considerada ilegal.
“Nos sorprende las acciones de la Legislatutra porque el PAD está en proceso de votación y se extendió esa votación hasta el 18 de octubre”, dijo. “No entendemos la prisa”, afirmó.