El presidente de la Comisión de Hacienda minimizó los pronósticos, entre estos de la propia Junta de Supervisión Fiscal, sobre la posibilidad de que el país enfrente una segunda quiebra como resultado del pago de deuda acordado por la ley habilitadora del Plan de Ajuste Fiscal (PAD), que va a votación este miércoles en el pleno del Senado.

El pago de la deuda pactado ascendería a 19% del total de ingresos del Estado, que totalizan $16,000 millones, incluyendo dinero que no entra al Fondo General y que se conocen como Fondos Especiales. Múltiples expertos y economistas, incluso técnicos de la propia JSF, han dicho que el gobierno entrará en déficit para el 2036 y con bonos nuevos ya asegurados, se tendría que cumplir con estos pagos en detrimento del dinero para servicios esenciales.

“Reconozco que estoy prejuiciado con las proyecciones porque a mi se me hacía difícil proyectar un año”, dijo Zaragoza al referirse a su tiempo como secretario de Hacienda. “La JSF no tiene una bola de cristal y está obligada a hacer una proyección de buena fe. Para mí la sostenibilidad hay que trabajarla mes a mes”, sostuvo durante una charla con la prensa en su oficina.

Zaragoza argumenta que las cifras de la JSF no incluyen la inyección anual a la economía de $800 millones por el Crédito al Trabajo, el Crédito por Dependiente y que asciende a $2,000 millones ni los fondos de Medicaid ni posibles incentivos industriales a ser legislados en el Congreso.

“Estás pidiendo a alguien que pronostique al 2042. Entiendo la preocupación y lo que pasa es que no podemos leer las proyecciones, ni buenas ni malas como las tablas de Moisés”, dijo el senador popular. “Tenemos la capacidad de volvernos a endeudar y podría ser, no el 2036 y sí el 2028 o el 2025. Puede ser antes o después… ¿pero quién en el 2016 podía haber pronosticado lo que pasaría en cinco años?”.

El PC 1003 dispone que el pago de la deuda anual, sumando Obligaciones Generales y Cofina, ascendería a $1,150 millones, pero a esa cifra hay que añadirle el pago de las pensiones, que sale del Fondo General, para un total de $3,109 millones todos los años. Dentro de la cifra de $3,109 millones se incluye el pago por el intercambio de bonos de $7,400 millones y que representaría un pago anual de $359 millones.

“Por eso planteo que la gente dice que con esta deuda se va a hipotecar al país, pero es que el país ya está hipotecado”, sostuvo Zaragoza.

Mientras el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha dicho que tiene los votos para aprobar la medida, Zaragoza fue más cauteloso al señalar que todavía espera por recibir una respuesta de sus compañeros de delegación, quienes recibieron anoche 14 páginas de enmiendas redactadas en la presidencia.

Zaragoza enfrentó ayer críticas por no haber redactado un informe tras una larga vista pública de siete horas. Indicó que aunque también citó lo que se conoce como una vista ejecutiva de la Comisión de Hacienda para llevar a votación el proyecto, nunca la celebró porque el lenguaje para ese momento era “aspiracional”, entiéndase que el Senado había preparado una lista de deseos o iniciativas de política pública, mientras que él quería reforzar el lenguaje con cifras, así como con la condición de que si no se logran los objetivos, se anula toda la medida, incluyendo la autorización de nuevos bonos, que es el objetivo principal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Eso todo o nada y esa cláusula ahora no está”, sostuvo al referirse a un lenguaje a ser incluido.

Entre los objetivos del Senado figuran establecer una asignación fija de $500 millones para la Universidad de Puerto Rico (UPR), la creación de un fondo de inversión valorado en $300 millones, entre otros asuntos. El plan fiscal de la UPR dispone que la asignación presupuestaria del Fondo General a la institución educativa bajaría a cerca de $370 millones en el próximo año fiscal.

“Tenía un lenguaje aspiracional y si lo llevaba a votación se colgaba”, explicó Zaragoza.

El senador popular indicó que la JSF podría reaccionar ante el texto de la propuesta ley solicitando más tiempo a la jueza Laura Taylor Swain para negociar con la Legislatura y con el Ejecutivo. Por lo pronto, el ente fiscal no se ha expresado sobre el PC 1300.

“Los que tienen que preocuparse son ellos”, dijo Zaragoza al indicar que la JSF no se ha expresado sobre los objetivos incluidos por el Senado. “Esto es lo que hay y aquí estamos tomando la ofensiva”, aseveró.

Zaragoza, de hecho, advirtió que una vez convertido en ley el proyecto, la Legislatura y el Ejecutivo tienen la facultad de derogar el nuevo estatuto sin el organismo decidiera levantar el argumento de acoger la autorización de los nuevos bonos.