A nueve años de la aprobación de las medidas que viabilizan la exportación de servicios (Ley 20) e incentivan la llegada de inversionistas a Puerto Rico (Ley 22), la Legislatura evalúa derogarlas, mientras el gobierno defiende ambos estatutos por considerar que han aportado a la economía y que eliminarlos provocaría un “limbo jurídico”.
La Comisión de Hacienda del Senado, presidida por Juan Zaragoza, realizó ayer una vista pública sobre el Proyecto 40 del Senado, que propone derogar la Ley 20 de 2012 y la Ley 22 también de 2012.
En medio de la vista pública, hubo un candente y fuerte debate sobre ambos estatutos. Para Zaragoza, la Ley 22 “está al garete”, pero ese no es el sentir de los funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), quienes defendieron ambas leyes.
“Esto de la Ley 22 allá afuera está al garete, pero al garete al punto de que ustedes saben que hay una —ya no tan prestigiosa— firma de CPAs, cuyos socios fundadores están acusados en el tribunal federal, uno de ellos acusado por un esquema de fraude con la Ley 20 y la 22, que promovían activamente estos esquemas entre sus clientes”, expresó Zaragoza.
Pero Carlos Fontán, asesor del área técnica del DDEC, afirmó que no se puede generalizar y aseguró que conoce de otras firmas y beneficiaros de la Ley 22 que son muy responsables y que siguen los términos y condiciones del decreto de exención contributiva. Aseguró que derogar ambos estatutos crearía un limbo jurídico.
“Si me derogan las leyes, me creas un limbo jurídico porque, ¿cómo yo voy a proceder a revocar un decreto (de exención contributiva) cuando la disposición legal a la cual hace referencia… pertenece a una ley que fue derogada? Por eso es que las leyes de incentivos históricamente no se derogan”, precisó el funcionario.
A la respuesta del funcionario, la senadora novoprogresista Migdalia Padilla, puntualizó que las leyes de incentivos pueden enmendarse. “La palabra derogar es seria. Ahora, sí le podemos dar unas garras. Esto es fiscalizar… Me parece que quizás no sea derogarlas, sino que haya enmiendas”, afirmó Padilla.
En un aparte con EL VOCERO, Zaragoza coincidió con la posibilidad de que se pueda enmendar la Ley 22 mediante la creación de otra medida. “La Ley 20 tiene sus resultados, pero la Ley 22 tiene sus defectos, pero considerando el apetito que hay de cierta gente para venir a Puerto Rico, hay que ver si se pueden aumentar los requisitos de inversión”, apuntó.
El director de la Oficina de Asesoramiento Legal del DDEC, Carlos Ríos, manifestó que la derogación de ambas leyes crearía la falsa impresión de que Puerto Rico no está abierto para hacer negocios. “Se trata de actividad económica que difícilmente ocurriría a no ser por los incentivos ofrecidos”, argumentó.
Según estudios del DDEC, la Ley 22 ha creado 4,044 empleos, pero no ofrecieron información de cuántos beneficiarios de estos incentivos no han creado plazas de trabajo.
Se indicó que la ley ha generado $1,300 millones de inversión en bienes raíces —residencial y comercial— y que se han aprobado 3,311 decretos de exención contributiva desde la creación de la ley.
Desde el año 2015 a junio de 2019 se aprobó un total de 1,680 decretos bajo la Ley 20. Cada decreto ha generado en promedio 10 empleos directos, según datos del DDEC.
Se manifiestan en contra de las leyes
Mientras la vista se realizaba, manifestantes llegaron hasta el Capitolio para exigir la derogación de ambas leyes.
Diego Norat, portavoz de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), comunicó que las leyes “crean un ´apartheid´ (segregación) contributivo en nuestro país, que desplazan a nuestra gente, que empobrecen a nuestras comunidades, que van en detrimento de cualquier desarrollo económico pleno”.
Por su parte, Joselyn Velázquez, portavoz de la Jornada Se Acabaron Las Promesas, afirmó que “el reclamo es bien sencillo: esas leyes tienen que ser derogadas porque cuando un proyecto no funciona, pues hay que eliminarlo, hay que quitarlo”.