El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, festejó el tono de “apertura” que permeó en el cónclave

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y los presidentes de las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, Jesús Santa y Juan Zaragoza, respectivamente, celebraron esta tarde la “apertura” que dijeron percibir de miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)a hacer cambios del presupuesto.

Sin embargo, los cambios específicos serán discutidos en fechas posteriores y, a pesar de que tenían de frente a cuatro integrantes del ente fiscal y su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, no cuestionaron el apoyo de la JSF al contrato de LUMA Energy y por qué la negativa de aplazar la entrada de la empresa a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La reunión giró en cuanto a la primera transacción de la que esta Asamblea Legislativa tiene responsabilidad, no de un acuerdo en que nuestra posición es clara y contundente”, señaló el presidente legislativo, en referencia a una resolución de la Cámara que dispone que el contrato con Jaresko, los miembros de la Junta Justin Peterson, Antonio Medina, John Nixon, su presidente David Skeel se reunieron en la tarde con los senadores Zaragoza, Gretchen Hau, Marially González y Ramón Ruiz Nieves.

Al salir del encuentro, Jaresko describió la reunión como informativa y aseguró que estarían analizando todas las propuestas presentadas por el Senado y la Cámara.

El liderato popular en Cámara y Senado ha insistido en la necesidad de atender el recorte de $94 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la insuficiencia por $120 millones para cubrir el salario de los empleados de la AEE que no pasen a LUMA y el recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación de los municipios. También solicitan $120 millones para reclutar cadetes en la Policía, $56 millones para equipo en la Policía, $5 millones para el Programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas, $2 millones para el Centro de Diabetes de Puerto Rico y más dinero para el presupuesto de la Asamblea Legislativa.

“No hay duda que hay que presupuestar una cantidad para los empleados que no van a Luma y no se están retirando. No sabemos la cantidad todavía porque la transición ocurre el 1 de junio. No sabemos cuántos se van con un retiro temprano y cuántos renunciarán. Algunas de las posiciones sí están presupuestadas…. mucho depende de lo específico en cuanto a quienes se quedan en el gobierno, cuántos llenan plazas vacantes ya presupuestadas y cuánto dinero falta”, dijo Jaresko a la prensa.

En cuanto al recorte a los municipios, que forma parte del Plan Fiscal, Jaresko se limitó a indicar que hay un proceso legislativo, que lo respeta “y que ha comenzado”.

“Hay que dar tiempo a todo el mundo para que la Cámara haga lo que tenga que hacer, ellos van a compartirlo con nosotros, trabajaremos con ellos. Entonces el Senado hará lo que tengan que hacer… no sé cómo va a terminar el proceso porque estamos comenzando”, sostuvo Jaresko.

Jaresko indicó que si bien la JSF ha impuestos sus presupuestos en el pasado, se refirió solo al año pasado, cuando la Legislatura no pudo aprobar uno para ser atendido por el ente fiscal.

“Este año la Legislatura quiere adoptar un presupuesto”, dijo.

Hernández Montañez indicó que se habló, pero no en detalle, de los $120 millones para los salarios de los empleados que no pasaron a LUMA, y que se tendrá que aplicar recortes al presupuesto para identificar ese dinero. También pidió que se mantenga el presupuesto de la Legislatura como está el vigente y no se aplique un recorte de $12 millones. Hernández Montañez dice que necesita dinero para la deuda acumulada de agua potable y energía eléctrica y las liquidaciones de cerca de 200 empleados.

“Tenemos que trabajar alrededor de ellas”, dijo Zaragoza, al referirse a los cambios propuestos al presupuesto “reconociendo las limitaciones del plan fiscal”, en referencia específica a la UPR. “Dijeron que estaban dispuestos a trabajar con eso”.

Según Zaragoza, se recibió una contestación afirmativa a la pregunta de si la JSF sería flexible para atender esas prioridades.

“Ahora tenemos que tener unas reuniones con los equipos técnicos para ir a la cosa granular”, sostuvo Zaragoza.

Por lo pronto, los populares han identificado deudas por cobrar de la UPR por $60 millones, lo que todavía deja al descubierto un recorte de $34 millones. También solicitaron al Gobierno una certificación de fondos disponibles para reasignar de Ley Cares, FEMA y fondos CDBG-DR y la respuesta fue que no había dinero disponible.

El objetivo de la Cámara es aprobar el presupuesto, que será a base de estimado de ingresos de la JSF de $10,111 millones, en o antes del 13 de junio, y que el Senado haga lo propio en o antes del 18 de junio. En el Senado, la pluralidad popular necesitaría votos de otras delegaciones.

“Daré la ronda y me sentaré con los senadores”, dijo Zaragoza cuando se le indicó que se podría confeccionar el mejor presupuesto posible y no tener necesariamente los votos.

El estimado de ingresos del presupuesto del gobernador Pedro Pierluisies de $10,344 millones. Pierluisi, entre otras cosas, ha señalado que el ente fiscal estima que el Gobierno recibirá en septiembre una cantidad considerablemente menor de fondos Medicaid y Medicare y ahí está la diferencia en cuanto al estimado de ingresos.

“El presupuesto se tiene que aprobar con la realidad que tenemos disponible”, dijo Hernández Montañez. “Es una irresponsabilidad del Gobierno que se considere algo que no está contemplado ni en el Plan Fiscal”.

“Los retos estarán en cómo se distribuyan las obligaciones y responsabilidades que tiene el gobierno central en ese marco”, intervino, por su parte, Zaragoza.

Jaresko insistió en que no se puede incluir dinero en el presupuesto anticipando una asignación del gobierno federal para Medicare y Medicaid porque la legislación no ha sido aprobada.

“No puedes presupuestar lo que no conoces y no sé cuál será el número que el Congreso va a aprobar y por cuántos años y bajo qué condiciones…”, dijo Jaresko al abrir la puerta a que el presupuesto sea enmendado una vez se tenga certeza.

Hernández Montañez insistió en destacar la importancia de la primera reunión formal con el ente fiscal para discutir el presupuesto, aunque no se entró en el detalle de asuntos puntuales. Los legisladores sí advirtieron que el presupuesto del Gobierno está inflado al tomarse en cuenta fondos federales no recurrentes e indicaron que planifican incluir recortes a contratos por servicios profesionales (como a los abogados que trabajan los casos de Título III de quiebra) y el dinero necesario para pagar el Bono de Navidad de los empleados públicos.

“Importantísimo el hecho de que se está cambiando el paradigma de lo que ha sido la relación en el proceso fiscal entre las organizaciones fiscales y la JSF”, dijo Hernández Montañez, al insistir en que su postura y la de sus compañeros de delegación sigue siendo enfrentar la presencia de la JSF en la isla. Precisó que su objetivo es “preparar” el Gobierno para cuando no estén disponibles los fondos federales de recuperación y de pandemia de COVID-19.

“Lo importante de esta reunión es poder establecer una reunión de respeto, profesional, la cual nunca había existido antes”, dijo Hernández Montañez. Cuando se le preguntó de qué le servía eso al país, el líder cameral respondió que temas como la UPR, los municipios, LUMA Energy, “ahora se van a seriamente contemplar y no va a ser de forma arbitraria la aprobación”.

“Tengo total esperanza a que lo que hoy llegamos aquí de buena fe se pueda llegar a puntos de encuentros para mitigar esos recortes que están en el Plan Fiscal”, dijo Hernández Montañez.

Por su parte, Santa señaló que se les comunicó a los miembros de la JSF la política pública del Partido Popular Democrático (PPD) en ciertos aspectos, incluyendo recortes que pueden ser perjudiciales al Gobierno. “No vimos una objeción de ninguno, pero tenemos que sentarnos y explicar más en detalle”.

“Hay un interés de llegar a acuerdos”, señaló Santa. “En esta reunión el objetivo, y digo de ambas partes, de entendernos y plantear nuestras posiciones”.

Zaragoza señaló, entretanto, que era necesario establecer un “cambio de tono” con la JSF. Recordó que los equipos técnicos de las comisiones de Hacienda sí han tenido reuniones y subrayó en la necesidad de allanar el cambio para la salida de la JSF.

“La Legislatura tiene que insertarse en el proceso presupuestario. No puede ser un rol pasivo en que la JSF establezca el presupuesto, las prioridades y que cuando se vayan nos caiga en la falda”, sentenció Zaragoza.

Tras la reunión con los senadores, las senadoras Gretchen Hay y Marially González hablaron sobre las preocupaciones que compartieron con la JSF.

En el caso de Hau, quien trabajó por años en el Municipio de Cayey y en la Asociación de Alcaldes, sostuvo que el recorte al Fondo de Equiparación es “insostenible”.

“Han recortado (los municipios) todo lo humanamente posible para cumplir con los requisitos de la Junta. Y mi preocupación es que afecten más los municipios. No podemos llegar al número cero. Viniendo de ese andamiaje, hay que salvar a los municipios y a la UPR, aunque también tengo preocupación con el sistema de educación y de salud. Tenemos que seguir hablando”, dijo la senadora por el Distrito de Guayama.

González trajo a colación el recorte al presupuesto de la UPR, además del que sufrirán los municipios.

“Les dejamos saber que Puerto Rico está reacio a la Junta, pero de la misma manera somos un Senado serio y abierto al diálogo y hay una realidad y es que la Junta está estableciendo prioridades y un presupuesto balanceado”, dijo.