Senado aprueba la resolución del presupuesto mientras cede poderes de la Legislatura

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará a favor con un voto explicativo.

Con un cambio de última hora se creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los gobiernos municipales. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, reconoció que ese cambio no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le recortó $44 millones del Fondo de Equiparación a los municipios.

Luego mencionó que la JSF ha mostrado apertura a evaluar la propuesta del dinero adicional y sostuvo que el dinero “no saldría de un solo sitio”. El dinero se ubicó en las partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Zaragoza ha reconocido que no ha recibido una contestación de la JSF en torno al aumento a oficiales correccionales que incluyó la Cámara y que le costaría $15 millones al erario.

“No lo sabía”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez cuando se le solicitó una reacción a las enmiendas del Senado. “No vamos a concurrir. Son enmiendas que no fueron discutidas”, agregó.

También se asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos, se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica y se eliminó el lenguaje que dispone que las asignaciones aprobadas del presupuesto solo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la JSF. La prohibición eliminada disponía que la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en el presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial, tendría que ser autorizada por la Legislatura.

El Senado también eliminó el lenguaje que requería que la Legislatura autorizara al Ejecutivo acceso al Fondo de Reserva de Emergencia.

Se incluyó un aumento de $15 millones para el Caño Martín Peña y $240,000 para que el Instituto de Estadísticas pueda realizar un estudio sobre la comunidad sorda.

El lenguaje que elimina los poderes que reclamaba la Cámara para la Legislatura fue eliminado como resultado de conversaciones entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la delegación penepé y La Fortaleza en un intento del presidente senatorial para garantizar los 14 votos necesarios para aprobar la resolución y que Pierluisi firmara la medida. Sin embargo, al finalizar el debate quedó claro que los populares tenían los 14 votos necesarios ya que el senador independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, votaron a favor.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó antes del debate que el lenguaje objetado por el gobernador sería eliminado. Según dijo, la JSF ya hace cambios en el presupuesto sin la autorización legislativa.

“No estamos perdiendo ningún poder”, dijo Aponte Dalmau.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, argumentó que el texto que propuso la Cámara provocaría que la Legislatura se conviritiera en una “segunda Junta”.

Pero, mientras Dalmau Santiago cedía en el reclamo novoprogresista y de Pierluisi, enfrentaba también la oposición de Hernández Montañez, quien indicó a El Nuevo Día que el presupuesto evaluado por el Senado viola el Plan Fiscal al asignarle dinero adicional para gastos operacionales del Senado, la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de un primer receso que se extendió cerca de tres horas, Dalmau Santiago abrió la sesión a las 3:20 p.m. y por breves instantes para anunciar que continuaban las negociaciones, identificando a la delegación penepé como la otra parte. Previamente se había reunido con Santa Rodríguez para discutir diversos aspectos del presupuesto, no así las enmiendas en el lenguaje.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot no quisieron adelantar su voto antes del inicio de la sesión, pero finalmente anunciaron que votarían a favor.

Habían consignado públicamente su oposición a la resolución del presupuesto los dos senadores Rivera Lassén y Bernabe, del MVC y María de Lourdes Santiago, del PIP.

La resolución de presupuesto del Senado incluye modificaciones al presupuesto de la Legislatura y de la Oficina del Contralor, aunque mantiene intactas las asignaciones totales.

Objeciones de Tatito Hernández

Hernández Montañez denunció ayer en la tarde, todavía sin conocer los cambios al lenguaje restrictivo de la Cámara, que los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto violan el Plan Fiscal impulsado por la JSF.

“Esto es un retroceso. Están haciendo lo mismo que le criticamos al Partido Nuevo Progresista”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “¿Cuándo van a aceptar la realidad?”, insistió.

Los únicos dos cambios sustanciales incluidos antes de la sesión en la resolución del presupuesto aprobada por la Cámara se reflejaban en las partidas de la Asamblea Legislativa y el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la JSF consistía en que la Legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así.

Hernández Montañez objeta específicamente los cambios al presupuesto de la Legislatura. Mientras el plan fiscal de la JSF ordena un recorte a la Legislatura de $12 millones, que finalmente fue reducido a $9 millones, el Senado ha optado por aumentarle el presupuesto operacional al Senado, a la Cámara y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Aunque, por un lado, la cifra global de $109.2 millones se mantiene igual al comparar las dos resoluciones del presupuesto del Senado y de la Cámara, el Senado propone aumentar el suyo de $21.4 millones a $24.9 millones, y el de la Cámara, de $28 millones a $32.5 millones. Sí reduce el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio de $10.6 millones a $8.6 millones y se aumentó el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativas de $5.6 millones a $7.2 millones.

“Nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto”, dijo Hernández Montañez. “No voy aceptar que nos aumenten el presupuesto. Es una violación al plan fiscal y lo que van a provocar es que la Junta nos impongan otro presupuesto”.

En el caso de la Oficina del Contralor, también se mantuvo intacto su presupuesto base, pero la partida de nómina bajó en $1.9 millones, al igual que el reglón de asignaciones englobadas de $5.9 millones a $2.5 millones. La partida de servicios comprados creció de $68,000 a $3.1 millones y el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de $162,000 a $554,000.

Con otro cambio de última hora, se dispone que para que el Ejecutivo tenga acceso a la reserva de emergencia, a fondos para mejoras capitales no asignados y otras reservas como la de cuidado de la salud, la tecnología, la reserva de metas (métricas) y el fondo de incentivos económicos, todos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, necesitará autorización de la Junta y de la Legislatura.

Además, los fondos de incentivos económicos bajo la custodia de Hacienda serán liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presente una reasignación formal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto la revise y la apruebe, y lo presente a la Asamblea Legislativa y a la Junta para la revisión y aprobación de ambas.

Zaragoza defiende el presupuesto del Senado

Al defender la resolución del presupuesto, Zaragoza hizo hincapié en el contraste, entre este cuatrienio y el anterior, en la negociación entre la Legislatura y la JSF. Según dijo, se dio a entender que la Legislatura era una espectadora entre las discusiones del Ejecutivo y la JSF y él, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, cambiaron eso. Se celebraron 21 vistas públicas, iniciadas en febrero y la mayoría fueron conjuntas, también quebrando la visión de que el rol del Senado era secundario.

De hecho, señaló que el presupuesto aprobado en Cámara es producto de negociaciones de ambos cuerpos legislativos, afirmación que contrasta con la reacción de Hernández Montañez.

“Tuvimos que decidir entre diferentes caminos. Había uno andado por el gobernador y le reconozco que presentó un presupuesto en exceso de el de la JSF… pero la JSF dijo que no cumplía con el Plan Fiscal”, dijo. “Hablar de ese presupuesto es como hablar de las virtudes de un difunto”.

“Decidimos que era mejor trabajar dentro del límite establecido por la Junta”, sostuvo.

Reconoció que se quedaron iniciativas sin atender y aunque dijo estar complacido, no está contento. “Es un proceso de irnos adentrándonos en las entrañas del monstruo”, señaló.

“Para unos es insuficiente y reconozco los riesgos de esa estrategia… me han dicho vende patria y empleado de la JSF”, dijo. “Este es un proceso que comienza en este año y en el futuro iremos agrietando esa pared”.

Zaragoza señaló, como “logro”, el haberle identificado a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido limitada severamente por la JSF y su Plan Fiscal que incluye un recorte este año de $94 millones. Indicó que se consiguieron $25 millones para que agencias salden deudas con la institución y $116 millones más para el fondo de becas. “En total son $163 millones para becas para estudiantes y usarse en investigación y desarrollo”, apuntó.

Con enmiendas en sala, se amplió de ese dinero para incluir compra de equipo y de materiales.

En el caso de los municipios, que sufrieron un recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación ordenado por el Plan Fiscal, recordó que hay varias medidas legislativas pendientes que les pueden generar $72 millones mediante la transferencia de escuelas, carreteras e instalaciones deportivas.

Con enmiendas en sala, se redujo en $35 millones la partida de servicios profesionales por el caso de quiebra (Título III) ubicada en partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda. La asignación de $44 millones a los gobiernos municipales se ubicó bajo las partidas bajo la custodia de Hacienda.

También se incluyó una enmienda para recortar $15 millones de gastos por servicios profesionales de la Aafaf.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago aclaró que las enmiendas no fueron negociadas con ella, esto luego de que el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que las enmiendas habían sido negociadas con todas las delegaciones.

La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén insistió en que la JSF es “el ente detrás de este presupuesto”. “Ocupa y pretende ocupar espacios que corresponden a la Legislatura, el Ejecutivo, al Poder Judicial y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico”, dijo al señalar que el ente fiscal define la política pública y representa una dictadura.

“El presupuesto de la JSF no reconoce servicios esenciales, es una mirada insensible del país, como si allí donde se habla de salud, por ejemplo, no haya consecuencias por gente que sufre por sus decisiones”, indicó.

Denunció, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña sufre un recorte de $2 millones y está en riesgo de desaparecer y que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no tiene dinero para reclutar personal.

Rivera Lassén presentó, sin éxito, una enmienda para quitarle todo el presupuesto a la JSF. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz, Rafael Bernabe y Rivera Lassén.

Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Henry Neumannn, Wanda Soto y Marissa Jiménez se abstuvieron. Buena parte de la delegación popular votó en contra.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que votar por un presupuesto impuesto por la JSF fue una decisión difícil. “Huesped inhóspito”, describió al ente fiscal.

“Hay quienes en este panorama votarán en contra, aunque ello implique que el carro se estrelle contra la pared. “Otros escogeremos retroceder en el callejón sin salida buscando un nuevo camino”, dijo Rodríguez. “Aunque no es perfecto, es una nueva vía”, agregó al referirse al presupuesto.

“Parte de mi trabajo es fiscalizar, pero también es colaborar”, agregó.

María de Lourdes Santiago sostuvo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene una visión muy distinta del servicio público y que, por lo tanto, la distribución del presupuesto también será diferente. Denunció que no se asignan fondos necesarios para aumentarle el salario a maestros, para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial y le quita $95 millones al Programa de Educación Especial.

Zaragoza ha dicho que el Programa de Educación Especial tiene menos estudiantes.

“Y la treta de la municipalización es un negocio perdidoso”, dijo. “¿A quién se quieren engañar ustedes? Con la JSF se negocia tanto como la capacidad de mi hijo para negociar conmigo en casa”.

Santiago afirmó que los supuestos acuerdos alcanzados con la JSF son ficción.

“No se me ocurre una afirmación más humillante”, sostuvo al referirse a que el proceso de enmiendas en la Legislatura quedará en nada, precisamente por el poder absoluto de la JSF. “

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que vivía un momento vergonzoso e indigno. “Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos y que ha sufrido todo tipo de rechazo en el hemiciclo, cuando se propone quitarle dinero para su operación… le tiemblan las rodillas”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio que no deja de ser importante, pero es un ejercicio que es como lo mejor de lo peor. El tratar de no quedarnos inmovilizados frente a la imposición”, sostuvo.

Vargas Vidot repasó una serie de aspectos positivos en el presupuesto y anunció que votaría a favor.

Como parte del proceso para conseguir los votos penepés, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, eliminó todo el lenguaje que le aseguraba ciertos poderes a la Legislatura frente al Ejecutivo. Se supo que esas enmiendas se alcanzaron para que el gobernador firme el presupuesto

El Senado aprobó esta noche, mediante votación de 24-3, la resolución del presupuesto de $10,112 millones en medio de extensas negociaciones para tratar de conseguir los 14 votos necesarios para aprobarse.

La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), votaron en contra.

La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes donde su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no va concurrir con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a comité de conferencia. La Cámara sesiona mañana.

El Nuevo Día supo que Hernández Montañez está furioso con las enmiendas presentadas por la mayoría popular en el Senado tanto en el reglón del presupuesto de la Legislatura, porque supuestamente violan el Plan Fiscal y por enmiendas con las que la Legislatura renunciaría a poderes adicionales consignados en el presupuesto de la Cámara.

Estos cambios fueron aceptados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, supo El Nuevo Día.

Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo.

La delegación del