Senado evalúa proyecto para eliminar las leyes 20 y 22

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

A partir de la semana entrante, el Senado comenzará la evaluación del proyecto que propone derogar la Ley 20 y la Ley 22. La medida (PS 40) fue radicada en el primer día de la sesión legislativa por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza, adelantó que habrá vistas este lunes, martes y miércoles. No precisó si favorece la medida tal como fue radicada —lo que implicaría eliminar las dos leyes— o si enmendaría la legislación aprobada en 2012.

“Hay personas que tienen preocupaciones con la ley y otros que entiendo que no tienen ninguna preocupación. El examen que tienen que pasar estas leyes es de costo beneficio. Queremos ver cuánto cuesta y cuál es el beneficio y ver si la ley es salvable como está o si hay que reemplazarla por otra herramienta”, expresó Zaragoza a EL VOCERO.

Sobre la medida legislativa

El proyecto radicado por Santiago resalta que los beneficios contributivos de estas leyes están vigentes hasta 2036. Establece la medida que “los requisitos para ser beneficiario de estas exenciones son sumamente laxos y poco fiscalizados: basta con representar al Departamento de Desarrollo Económico que el inversionista tuvo ciertos contactos comerciales en Puerto Rico para poder ser acreedor de lo que es en efecto la legalización de la evasión contributiva, ya sea como corporación o como individuo”.

Afirma el proyecto que estas medidas no tuvieron un impacto positivo en el País.

Zaragoza indicó que estas dos legislaciones “tienen un defecto de nacimiento. Depende del corazón bondadoso de la persona que se muda a Puerto Rico. Es un problema de incentivo a la teoría de la vela: invitamos a la persona a Puerto Rico y prendemos una vela a ver si hace una inversión”.

Agregó que no ha discutido el tema con el gobernador Pedro Pierluisi para auscultar su compromiso con derogar estas dos leyes firmadas por el exgobernador Luis Fortuño.

Santiago, por su parte, adelantó que espera discutir en las vistas públicas qué tipo de fiscalización le ha hecho el DDEC a estos empresarios.

“Me parece que lo fundamental es que se pueda saber qué tipo de fiscalización se está realizando de parte del DDEC. Mi impresión es que no se está realizando ninguna. Es importante que se pueda documentar en dólares y centavos cuánto Puerto Rico debe recibir y cuánto es la inversión que se genera”, puntualizó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Esto debemos verlo como un primer paso en la revisión de la política pública de privilegios contributivos, que es un tema que siempre se habla y nunca se hace nada”, agregó.

En momentos en que el resto del mundo se mueve a eliminar los paraísos fiscales, Santiago entiende que Puerto Rico debe evaluar esta legislación porque tiene el mismo efecto.

“Hay unos señalamientos de que Puerto Rico se está usando como paraíso fiscal. ¿Cuál es la función de las instituciones bancarias en este proceso? Me parece preocupante que de alguna manera se está tratando de mantener el esquema de las 936 sustituyendo las farmacéuticas con empresas de tecnología, pero con los mismos principios de capital extranjero, alta gerencia extranjera y sin ningún eslabonamiento con actividades locales”, expuso Santiago.

En declaraciones escritas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que un estudio económico reciente reflejó que los negocios con decretos bajo las leyes 20 y 22 han creado 36,000 y 4,400 empleos, respectivamente.

Según la agencia, ambas leyes han demostrado ser efectivas para la economía de Puerto Rico, por lo cual continuarán apoyándolas.

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