La mayoría del Partido Popular Democrático necesita dos votos cruciales para lograrlo. Esto es lo que sabemos.
El Senado se propone aprobar esta tarde una resolución de presupuesto de $10,112 millones con el apoyo imprescindible de los senadores José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve.
La mayoría popular es de 12 integrantes y necesitan dos votos adicionales para aprobar el presupuesto. La minoría penepé ha consignado su oposición al documento.
En declaraciones escritas divulgadas ayer, la senadora independentista María de Lourdes Santiago y el senador Rafael Bernabe, de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), rechazaron tajantemente votar a favor de la medida por una serie de supuestas fallas.
La senadora Irma Rivera Lassén también autorizó declaraciones escritas en que denunció que el presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes el sábado pasado está repleto de medidas de austeridad impulsadas por la Junta de Supervisión Fiscal en áreas como salud, educación, el programa de educación especial y el Departamento de la Familia.
Santiago se expresó en términos similares sobre la Junta y añadió a la lista de agravio los recursos que se le quitan a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a las diferentes procuradorías.
“Votar a favor es votar por la desigualdad y por la incompetencia”, sostuvo.
Bernabe lamentó que el presupuesto no contemple aumentos salariales a maestros mientras el país otorga más de $20,000 millones en incentivos a inversionistas. Al mismo tiempo, dijo, se inyecta dinero para la fallida “guerra contra las drogas”, no se implementa un seguro universal de salud, no se fomenta el transporte colectivo y no se inyecta capital en la UPR, entre otras presuntas fallas.
Con tres votos en contra, todo el peso recae sobre Vargas Vidot y Rodríguez Veve, quienes ayer no quisieron adelantar públicamente cómo votarían. El Nuevo Día supo que votarán a favor.
El presupuesto que será llevado a votación hoy podría incluir ciertas enmiendas menores, dijo ayer el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza. Tampoco es del agrado del gobernador Pedro Pierluisi, quien tronó el lunes contra la Cámara por supuestamente aprobar un presupuesto que se aleja de las prioridades del país. La Cámara hizo sus propios ajustes, pero utilizando como presupuesto base el de la Junta, que es menor al del primer ejecutivo por $233 millones.
Zaragoza y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, han recalcado que el ente fiscal rechazó el presupuesto del Gobierno y lo describieron como “natimuerto”.
A continuación, algunas de las denuncias hechas por Pierluisi en torno al presupuesto aprobado por la Cámara:
- Tiene menos dinero para combatir la violencia de género.
- Asigna menos dinero para combatir el cambio climático.
- No se atendieron partidas para la contratación de fiscales, trabajadores sociales e inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
- Se recortaron $200 millones del presupuesto de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y de esa partida se asignaron $112 millones para un programa de becas en la UPR.
- La Legislatura se aumentó su presupuesto en $17 millones, mientras se hicieron recortes para el reclutamiento de más policías, bomberos y tampoco se identificó el dinero para el aumento a los maestros.
- Criticó a la Legislatura por no ir por encima del plan fiscal de la Junta cuando los criticó por no asignarle $44 millones a los municipios y $94 millones a la UPR. Estas dos partidas fueron recortadas por disposición de los planes fiscales.
- Denunció que la resolución de presupuesto de la Cámara contiene lenguaje que busca “obstruir la labor del gobierno, ya que pretende que el gobierno tenga que regresar a la Asamblea Legislativa para cada ajuste presupuestario, e intenta burocratizar aún más a las agencias”.
¿Cuál es la postura de los populares?
La postura de Zaragoza y Santa Rodríguez ha sido muy distinta. Por ejemplo, Santa Rodríguez ha señalado que no se asignó más dinero para la contratación de bomberos y policías porque tanto los negociados de la Policía como Bomberos tienen sobrantes de años anteriores que no han utilizado para contratar ni personal ni para comprar equipo.
También han indicado que no se identificó dinero en el presupuesto de la Junta para el aumento a los maestros ni tampoco para la contratación de fiscales.
El presupuesto de la Legislatura, contrario a lo que ha señalado Pierluisi, no tiene un aumento, sino que refleja, contrario a otros años, la partida de $9 millones para el pago de pensiones. También incluye partidas para gastos supuestamente incumplidos el pasado cuatrienio como los pagos de agua potable, energía eléctrica y liquidaciones a empleados.
El presupuesto legislativo sí contempla $8 millones en el área de mejoras capitales y, de esa cifra, $6 millones se van en reparaciones a la cúpula.
El martes, Zaragoza divulgó un comunicado en que rechazaba los argumentos de Pierluisi.
Por ejemplo, destacó que la Cámara le inyectó, entre dos partidas distintas, un total de $163 millones a la UPR a ser utilizados entre un Fondo Dotal y un fondo de becas. De esa cifra, $47 millones estaban en manos del Departamento de Hacienda, pero fuera del alcance de la UPR.
La Cámara también asignó $89.3 millones a un pote dirigido a costear la nómina de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que pasaron a otras dependencias gubernamentales tras no solicitar trabajo en LUMA Energy. El dinero sale de recortes en asignaciones de mejoras capitales de diversas agencias. Según Santa Rodríguez, ese recorte será compensado por fondos federales.
Al Recinto de Ciencias Médicas se le asignaron $15.2 millones, producto de sobrantes de la nómina del Departamento de Salud ($6.2 millones), y $8.3 millones por sobrantes en servicios profesionales de la Administración de Servicios Médicos.
Igualmente, dijo Zaragoza, se asignaron $10 millones de reservas para programas de discapacidad intelectual, $8.5 millones para los programas de residencia y neurocirugía en el Centro Médico en Río Piedras y $250,000 para el Concilio de Personas sin Hogar.
Zaragoza argumentó que Pierluisi “induce a engaño” al señalar que se quitaron $200 millones a la ACT para otras partidas como la asignación de la UPR. Según el senador, el ente fiscal certificó que el dinero necesario de la ACT está disponible y que la corporación pública, de un fondo de $200 millones, todavía cuenta con $84 millones.
Entre otros cambios, la Cámara incrementó de $92,000 a $292,000, la asignación, bajo el Departamento de Salud, al Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo. Incrementó, además, en $20 millones la partida de donativos y subsidios y otras distribuciones en el Departamento de Educación.
En cuanto al lenguaje que supuestamente obstruye la gestión gubernamental, la Cámara sí incluyó una frase que dispone que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá que reportar a la Junta y, con una enmienda, también a la Legislatura, los ingresos reales durante los primeros tres trimestres del año fiscal. Con otra enmienda aprobada el sábado se dispuso que el 2.5% del presupuesto al final del año fiscal solo podrá ser utilizado si la Junta y la Legislatura, lo autorizan.
Con otra enmienda, la Legislatura, además del director de OGP, el gobernador y la Junta, recibiría a más tardar 45 días después del cierre de cada trimestre un informe de ingresos preparado por Hacienda.
También se añadió un texto que dispone que la Asamblea Legislativa no aprobará ninguna modificación ni reprogramación de las asignaciones hasta que la Junta provea un análisis que certifique que la reprogramación solicitada por el Ejecutivo no es significativamente inconsistente con el plan fiscal
Se obliga al Ejecutivo a reportar a la Junta y a la Legislatura, en o antes del 31 de julio del 2021, una certificación de las cantidades no utilizadas del corriente año fiscal y a presentar un informe a la Legislatura que refleje cualquier reprogramación ya aprobada.
La Cámara, al eliminar el Fondo de Becas de la UPR bajo la custodia de Hacienda, transfiere el balance no utilizado al nuevo Fondo de Dotación de la UPR y crea un nuevo equipo grupo de trabajo entre la UPR, Hacienda, la Oficina del Principal Oficial Financiero, la AAFAF y la JSF, que desarrollará las métricas, los requisitos de cumplimiento y el seguimiento financiero del nuevo fondo, cuyo balance será repartido entre “estudiantes con necesidades financieras”.
La Cámara también incluyó un lenguaje que obliga al gobernador presentar un informe mensual sobre los salarios en Educación y otros gastos de nómina del personal administrativo central, personal administrativo regional, personal de apoyo escolar regional y personal escolar.
Se incluyó lenguaje que impide que el Ejecutivo utilice, condicionado a una autorización legislativa -ya existe la tranquilla de la Junta- ciertas reservas como la de inversión en el cuidado de la salud, la reserva de tecnología, la reserva de metas y el fondo de incentivos económicos bajo la custodia de OGP y del Departamento de Hacienda.
También se condiciona el uso del Fondo de la Reserva de Emergencias a que sea autorizado por la Legislatura. Actualmente, el único ente que puede autorizar al Gobierno el uso de ese dinero es la Junta.