El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, defendió ante la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, que se impulse una especie de crédito por trabajo “criollo” que se ajuste a la realidad económica de la clase trabajadora de la Isla y que tenga mayor alcance que la extensión propuesta por el gobernador Pedro Pierluisi, y que es similar al modelo que aplica en Estados Unidos.
Esta mañana, Jaresko entró al Capitolio por las escalinatas del lado norte y de inmediato pasó a la oficina de Zaragoza, y estuvo allí por alrededor de una hora. Entre los temas que se discutieron figuran la tardanza en la entrega de estados financieros, el plan de ajuste de la deuda pública y el anuncio de Pierluisi de que radicará una medida legislativa para aumentar el programa de crédito por trabajo del gobierno con fondos federales y, de esta manera, incentivar el trabajo y dar alivio a los trabajadores.
“Sabes que ahora con la legislación federal hay un potencial de tener $800 millones para repartir en eso y de unos ajustes que hay que hacerle a la estructura federal para atemperarlo a la realidad de Puerto Rico. O sea, no podemos trasplantar la misma tablita aquí y ella (Jaresko) dijo que estaba de acuerdo con eso porque para sacarle el máximo provecho aquí en Puerto Rico tenemos que ajustarla”, expresó Zaragoza en entrevista con EL VOCERO al concluir la reunión.
El también exsecretario del Departamento de Hacienda mostró una tabla que ilustra la distribución de los beneficios de crédito por trabajo según propuesta por el gobernador y la misma revela que, por ejemplo, si una persona soltera sin dependientes cobra más de $16,000 al año no se beneficiaría del crédito por trabajo. Muestra además que en el caso de que una persona sea casada, no tenga dependientes y tiene un salario anual que supera los $22,500, tampoco se podría beneficiar del crédito.
Esto, según Zaragoza, es lo que buscaría ajustar mediante conversaciones y advertencias al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, y a la directora ejecutiva de la junta fiscal. “Mi propuesta es que gire alrededor de estado civil, ingresos e hijos, pero no con esa fórmula. La tablita tiene que cambiar y el Congreso de Estados Unidos nos asignó el dinero, pero no impuso la tablita”, señaló.
Las conversaciones con Hacienda sobre este tema parecerían estar adelantadas y se asignó un equipo de trabajo compuesto por Nick Pastrana, director de la Comisión de Hacienda del Senado, y un empleado de Parés.
“Ahora mismo hay un proyecto de La Fortaleza radicado en la Cámara siguiendo estos parámetros, pero si ese se va a enmendar o sustituir son cosas que los asesores legislativos y los abogados de La Fortaleza discutirán. Nosotros lo que estábamos asegurándonos es que el secretario estuviera pendiente de esto y se estableciera un plan de trabajo. Luego, cuando le traemos esto a ella (a Jaresko) era para decirle que nosotros estamos atendiéndolo”, dijo.
Pastrana, por su parte, explicó a EL VOCERO que el crédito por trabajo es una herramienta para reducir la pobreza “si se implementa bien” y fomentar que los empleados que aportan a la economía subterránea se inserten a la economía formal.
“En un País donde mucha gente trabaja por el salario mínimo, no recompensar a la gente pobre por su trabajo, derrota el propósito de la legislación si traes las mismas tablas del gobierno federal. Nuestra realidad es que los niveles de pobreza son muchos más altos, así que traer esa tabla y dejarla en Puerto Rico simplemente te deja sin beneficios a la mayoría de los trabajadores”, sostuvo.
Tras la reunión, el portavoz de prensa de la junta fiscal, Edward Zayas, indicó que “se trató de una reunión regular de trabajo como las anteriores que se han llevado a cabo, tanto zomo Zaragoza como con otros líderes legislativos”.
Con el Plan de Rescate Americano aprobado recientemente por el Congreso estadounidense, Puerto Rico está supuesto a recibir $612 millones en fondos adicionales para el programa del Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC, por sus siglas en inglés) por los próximos 10 años. No obstante, para recibir dicho monto el gobierno debe desembolsar $800 millones anuales a los beneficiarios del programa, y actualmente el desembolso ronda en $115 millones, producto de la legislación de créditos contributivos vigente en la Isla, la cual para acceder a dichos fondos deberá ser enmendada o aprobarse nueva legislación al respecto.
La medida de Pierluisi ya se radicó el pasado martes como el Proyecto de la Cámara 628 y entre los autores figuran la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo, según el trámite legislativo. La pieza ya fue referida a la Comisión de Hacienda que preside el representante Jesús Santa.